n consenso está produciéndose en torno al crecimiento económico de este 2019: la meta oficial no será alcanzada ya que solo creceremos entre 1 y 1.5 por ciento. Es cierto que, como ocurre frecuentemente, ha habido circunstancias imprevistas que han afectado la dinámica económica. Pero, también es cierto que la política económica tiene la posibilidad y, debe señalarse, también la obligación de incidir en el ciclo de la economía. Sostener que los analistas se equivocan, sin ofrecer argumentos sólidos no cambia la dinámica económica. En todo caso da cuenta de que la voluntad política es insuficiente.
La información económica sobre la evolución de indicadores clave más reciente entrega evidencias claras de que la economía se dirige a un sendero recesivo. El Índice global de la actividad económica, el IGAE, corregido por estacionalidad, terminó el año pasado en un registro muy cercano al cero. La situación es que desde agosto ha venido cayendo hasta su registro actual, lo que indica un desempeño que para llevar al 2.5 por ciento establecido en la meta oficial requeriría que muy pronto la economía creciera a ritmos cercanos al tres por ciento.
Más grave es el comportamiento de la inversión. Esta variable clave de la economía se registra a través de la formación de capital. El desempeño es en este caso muestra una caída muy significativa: a diciembre de 2018 tuvo un registro anual de -6.4 por ciento. La responsabilidad mayor le corresponde por supuesto al sector privado, pero es evidente que en parte responde a las decisiones de inversión del sector público. La inversión pública tuvo un comportamiento lamentable en los últimos tiempos de la administración de Peña. De modo que con el nuevo gobierno se esperaba una recuperación importante. Ha habido decisiones destacadas, pero no parecen suficientes para que la tendencia se revierta.
Además, parece confirmarse que la reducción del gasto provocada por la decisión de racionalizarlo evitando los excesos conocidos, está teniendo consecuencias que eran previsibles en términos de la demanda agregada. La situación del primer bimestre de este 2019, hasta donde se conoce, no modifica la situación que muestran los indicadores reseñados. En realidad, confirman que el inicio del año continuó la ruta en la que estaba instalada la economía: la que apunta a un desempeño por debajo del promedio de los años recientes, que han sido decepcionantes.
El discurso presidencial se ha concentrado en señalar que los que analizan el desempeño de la economía no consideran en su justa medida el impacto que la lucha contra la corrupción está teniendo en la evolución económica. Sin embargo, lo que se sabe hasta ahora, pese a su notable impacto en el respaldo al ejercicio gubernamental, no prueba su relevancia en términos de modificar la tendencia económica observada desde hace años. Seguimos con una economía que no ha modificado su potencial de crecimiento. Si a ello se agregan las circunstancias vividas -como la crisis del huachicol, las huelgas en Tamaulipas, la toma de líneas ferroviarias- resulta un escenario que no puede verse con optimismo.
100 días han pasado y el funcionamiento de la economía permanece en lo fundamental, igual. Muchas cosas han cambiado, pero la base económica se mantiene inalterada. El neoliberalismo no se termina por decreto. No lo modifica que se plantee un cambio de paradigmas económicos. Lo que lo puede terminar es que el estado recupere verdaderamente su capacidad de conducción de la economía. Esta capacidad fue cercenada sin prisa, pero también sin pausa durante 36 años. El mercado se convirtió en el espacio en el que se asignan los recursos productivos de la nación y en el que se reparten concentradamente los frutos por el uso de esos recursos.
Recuperar las capacidades rectoras del estado demanda necesariamente que se alteren las funciones del mercado. La máxima socialdemócrata de los años recientes de que debe procurarse todo el mercado que sea posible y todo el estado que sea necesario, debe reformularse drásticamente. Si el objetivo es el bienestar social, entonces lo que hace falta es procurar todos los bienes públicos necesarios para conducir a la economía, ocupándose de que se repartan lo más equitativamente posible los frutos del progreso técnico y del uso del trabajo humano.
