Washington. La Suprema Corte de Justicia (SCJ)de Estados Unidos falló este martes en contra de un grupo de inmigrantes, en un caso sobre el poder del gobierno para detenerlos después de que cometieron delitos, pero cumplieron sus condenas.

La controversia ante los jueces tenía que ver con la detención de personas que no son ciudadanos y que han cometido delitos que los hacen susceptibles de ser deportados. La ley de inmigración le ordena al gobierno que detenga nuevamente a esas personas cuando sean puestas en libertad, mientras un tribunal de inmigración decide si deben ser deportadas.

Sin embargo, los afectados por la ley no siempre son detenidos inmediatamente y a veces no son arrestados sino hasta años después. En el caso ante la Suprema Corte, varias personas, en su mayoría poseedoras de tarjetas de residencia permanente conocidas como green cards, argumentaron que a menos que sean retenidas en el plazo de un día a partir de la fecha de su puesta en libertad, deberían tener derecho a una audiencia en la que puedan alegar que no representan un peligro para la comunidad y que es poco probable que huyan. Sin embargo, el tribunal rechazó el argumento.

La Corte Suprema no estuvo de acuerdo con la interpretación de los inmigrantes de la ley federal, en un fallo de cinco contra cuatro que dividió al tribunal según los criterios ideológicos de sus miembros. Al examinar una disposición estatutaria promulgada por el Congreso en 1996, el juez Samuel Alito escribió que ni el texto de la ley ni su estructura apoyaban el argumento de los inmigrantes. Los jueces conservadores de la Suprema Corte se pusieron del lado del gobierno de Donald Trump, que argumentó –al igual que Barack Obama– contra las audiencias para los condenados por delitos y que se han visto afectados por la ley.

El caso involucró una demanda colectiva presentada en California y otra en el estado de Washington.