Tras señalar que hoy existe más vivienda de un millón de dólares que de un millón de pesos en la Ciudad de México, el nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) a nivel local, Armando Díaz Infante, se manifestó por reactivar la norma 26 que regula la edificación de casas de interés social y popular, suspendida hace más de cinco años.

La vivienda nueva que se ofrece en la capital del país es de nivel medio residencial; no toda es de un millón de dólares, pero si se revisa casi no hay vivienda de un millón de pesos, lo que hace imposible a la gente ejercer sus créditos y que no se tenga vivienda asequible para la población capitalina, apuntó.

La norma 26, suspendida por el mal uso que se hizo de ella al no respetar los precios, consideraba 25 salarios mínimos anualizados para la vivienda de interés social y 30 para casas de interés popular. Estamos hablando de una vivienda de un millón, un millón cien mil pesos, indicó.

La disposición debe volver a operar regulada por mecanismos, fideicomisos o estrategias que garanticen precios topados a la población directa y evitar su utilización para elevar el precio de la vivienda de interés social y popular.

Indicó que se espera que en el Instituto de Planeación de la Ciudad de México se lleve a cabo la revisión de los usos de suelo que la ciudad necesita para planear una redensificación incluyente, proactiva, que permita que regrese la población que genera la mayor actividad económica en la ciudad a los polígonos en las 16 demarcaciones.

Se dejó de dar usos de suelo para poder desarrollar vivienda económica, pero es necesario que vuelva a haber vivienda económica accesible; lo que no se puede dar si no tenemos usos de suelo diferenciados.

A finales de diciembre de 2018, el actual Gobierno de la Ciudad de México determinó mantener la suspensión de la norma 26, creada para incentivar la construcción de vivienda de interés social y popular, por lo menos un año más.

Dicha norma está suspendida desde hace más de cinco años debido a que las desarrolladoras inmobiliarias la utilizaron para obtener beneficios al construir viviendas de interés social y venderlas como de lujo.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dio una prórroga al acuerdo –que vencía el 31 de diciembre pasado– por el que se suspende la recepción y gestión de solicitudes para la construcción de vivienda al amparo de la norma 26 hasta que se emita el nuevo Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México.