La posible liberación de 21 personas –entre ellas ocho policías– supuestamente relacionadas con la desaparición forzada y asesinato de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, reforzaría la sensación de impunidad y alejaría de la justicia a los familiares de las víctimas, señalaron autoridades gubernamentales y organizaciones civiles.

En un comunicado conjunto, el gobierno de Veracruz, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez recordaron que el 8 de marzo un juez federal ordenó poner en libertad a los 21 presuntos involucrados en el caso, al dar por válido un recurso legal presentado por su defensa.

Esta decisión, en caso de llevarse a la práctica, abonaría a la impunidad y alejaría la justicia, por lo que las instituciones encargadas de impartir esta última deben comprometerse a realizar investigaciones adecuadas y con debida diligencia que aseguren procesos sólidos que se sostengan jurídicamente hasta llegar a la sanción de los responsables, indicaron.

El gobierno veracruzano, el Centro Prodh y la CEAV recordaron que la recomendación 5VG/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que una de las principales medidas de reparación es el acceso a la justicia mediante procesos judiciales que aseguren las condenas correspondientes a los responsables.

Los 21 implicados siguen detenidos porque además del cargo de desaparición forzada enfrentan otro por delincuencia organizada.

La CNDH llamó a la Fiscalía General de la República a interponer recursos legales para combatir la sentencia judicial mediante la cual se exoneró a los 21 presuntos responsables de los hechos de Tierra Blanca.