El financiamiento ilegal de las campañas electorales afecta la democracia y es un delito equiparable con el lavado de dinero, consideró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, al interponer ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) una denuncia en contra de una persona física y cuatro personas morales por costear y producir una campaña negra en contra de Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral 2017-2018 cuando era candidato a la Presidencia de la República por Morena.

Nieto Castillo acudió a la Fepade y presentó documentación en la cual se menciona que estarían involucrados el gobierno del estado de México, organizaciones como el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y empresas como la compañía minera Peñoles.

Entre los datos que presuntamente se aportaron al Ministerio Público Federal está que la UIF obtuvo información que involucra a Alejandro Jesús Quintero Íñiguez, accionista de la empresa TV Promo SA de CV y Grupo TV Promo SA de CV. Esta última fue vinculada con la empresa Bufete de Proyectos de Información y Análisis SA de CV, indicada por el sistema financiero como una presunta empresa fachada, así como parte de una red relacionada con un esquema de desvío de recursos públicos para favorecer campañas políticas.

El titular de la UIF rechazó haber violado la ley en cuanto a la presunción de inocencia al haber dado a conocer los nombres de las empresas involucradas en el financiamiento para la producción del documental cuestionado.

“A partir de este momento se acaba de presentar la denuncia e iniciaría en todo caso el proceso penal en el momento en que se inicia la carpeta de investigación y en ese momento se constituye el deber de sigilo de los datos de la carpeta de investigación.

Se debe señalar que lo que hace la UIF es recibir, analizar y presentar información ante las autoridades competentes que pueden ser de cualquier tipo, y es una instancia muy similar a la Auditoría Superior de la Federación, ya que cuando se presentan los informes de algún tipo de irregularidad que se ha cometido en términos administrativos se hace del conocimiento público, resaltó Nieto Castillo.

El titular de la UIF explicó que en caso de que se acredite ante instancias judiciales la responsabilidad de los participantes en el financiamiento y producción del documental El populismo en América Latina (realizado por la empresa Piña Digital S de RL de CV, cuyo accionista mayoritario es Javier García Mata, quien fue el productor de la obra) y que esto se trató de un delito de tipo electoral podrían alcanzar hasta 15 años de prisión y sanciones económicas.

“Nosotros consideramos, a partir de la información recibida en la UIF, que pueden existir conductas delictivas en materia electoral relacionada con El populismo en América Latina, un documental que se presenta durante el proceso electoral 2017 y 2018, violando las características de la normativa electoral .

Sobre este caso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una resolución en la cual se señaló que el Instituto Nacional Electoral tendría que hacer una investigación respecto del origen de los recursos para la creación de este promocional y si ello violaba las características constitucionales de la propaganda, dijo Santiago Nieto.