Transición energética, a costa
de las comunidades mayas

Ivet Reyes Maturano

Parques eólicos en Dzilam y Tizimín.

La firma a ciegas de contratos de usufructo es la primera constante que las comunidades mayas empiezan a vivir desde mucho antes siquiera de conocer los megaproyectos planeados en su territorio y mucho menos sin poder hacer preguntas sobre los impactos socioambientales de tales desarrollos. Y es que entre las grandes paradojas legales de la política de TE, esos contratos son requeridos precisamente como parte de los trámites de evaluación de impacto ambiental que deben llevar a cabo las empresas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esta grave deficiencia en el marco legal de los proyectos que violenta de facto el derecho de las comunidades a la libre determinación no ha inmutado a las empresas desarrolladoras que, al tiempo que aseguran suscribirse a todos los acuerdos legales de reconocimiento a los derechos indígenas, gestionan sin rubor proyectos con dimensiones que van de las 400 a las 3,200 hectáreas a espaldas de las poblaciones locales e incluso recurriendo al trato con intermediarios (los famosos coyotes) para conseguir la firma a ciegas o bajo presión de contratos de renta de tierras con vigencias de al menos 30 años (y renovación automática).

Tal es el caso de la empresa SunPower, que usó a un intermediario para engañar y conseguir la firma de contratos de renta de de cientos de hectáreas del ejido de San José Tibceh, una de las dos comunidades directamente afectadas por el proyecto que pretende deforestar al menos 500 hectáreas para instalar más de un millón de paneles solares. Este caso ha sido denunciado por ejidatarios y documentado por la relatora especial de la ONU en su último informe sobre la situación de los derechos indígenas en México, en el que registró además la situación no ha parado ahí ni para San José Tibceh ni para muchas otras comunidades. Apenas el pasado 25 de febrero, en una audiencia para tratar el despojo de tierras ante el Tribunal Unitario Agrario, el representante de la empresa Sunpower volvió a violentar el derecho de los ejidatarios mayas a la auto adscripción oponiéndose a su solicitud de traductor y argumentó que “no basta auto adscribirse como indígena puesto que esa conciencia de identidad debe estar ligada a la comprobación de la existencia de la comunidad a la que pertenece” (Acta de Audiencia. Expediente: TUA 34-1590/2018).  Mientras tanto, la situación se multiplica y agrava en otros tantos municipios como son Sinanché, Motul, Cansahcab y Suma de Hidalgo, donde ejidatarios también han denunciado prácticas similares en la firma de contratos con las empresas Aldesa y Aldener para instalar parques eólicos. Ixil es otro caso en el que ejidatarios han denunciado prácticas de coyotaje por parte de Alejandro Escoffié Gamboa y Mónica Isabel Pat Buendía, en contubernio con autoridades del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria para convertir de manera ilegítima y sin su consentimiento propiedad social del ejido en propiedad privada y para la firma de contratos con la empresa Gestamp Wind. Esta empresa busca instalar un parque eólico de más de 30 torres en pleno corazón del anillo de cenotes, cercana a los humedales y la duna costera y en zona de refugio importante para aves migratorias.

El caso de Ixil vale revisarse detenidamente porque los pobladores de esta comunidad maya notificaron a Semarnat en diciembre pasado, cuando el proyecto estaba en proceso de evaluación ambiental, sobre el carácter ilegítimo de los contratos y de su clara oposición al proyecto. Sin embargo, el 15 de febrero, esta institución emitió su autorización a ese proyecto sin considerar los argumentos de los pobladores.  Así, esta institución que se esperaba llegara a Yucatán con un espíritu transformador, recurre a viejos vicios. Pues, por un lado, continúa ignorando la denuncia sobre la ilegitimidad de los contratos y violentando el derecho del pueblo maya a decidir sobre su futuro. Lo que es más; esta institución se ha dedicado a autorizar varios proyectos (dos de los cuales ya están construidos) sin antes siquiera haber cumplido con su deber legal de llevar a cabo una evaluación ambiental estratégica (Artículo 19 de la Ley de Transición Energética) que le permitiera valorar los impactos acumulativos y sinérgicos que tendrán los distintos proyectos en esta región.

Este despojo agrario ha impedido de facto el carácter previo y libre del que deben gozar las consultas indígenas, otras prácticas de mala fe impulsadas tanto por la autoridad responsable (Sener) como por las empresas (intimidando, ofreciendo dinero y desinformando a las poblaciones), han marcado las escasas simulaciones de consulta que se llevaron a cabo referentes apenas a cuatro de los más de veinte proyectos en Yucatán.

Además de estos casos y como último ejemplo a ilustrar la pérdida territorial de las comunidades mayas vale la pena referir el avance del proyecto “Yucatán Solar,”  para el cual la empresa pretende talar 210 hectáreas de selva bien conservada para instalar 313,000 paneles solares en un área en la que se ubica el cenote sagrado Múusench´een; el cual, como los pobladores conocen y los arqueólogos ahora “descubren,” ha sido utilizado por sacerdotes mayas ininterrumpidamente desde tiempos prehispánicos. De avanzar este proyecto, modificará radicalmente el contexto sociocultural que le ha dado persistencia a este cenote como espacio vivo y referente de la cosmogonía maya. Mientras que, aunado a la pérdida agraria ahí y en otros municipios, significará la pérdida territorial de las comunidades y la erosión de su cultura.

Si bien el contexto de los megaproyectos en curso en Yucatán tienen sustento en la política energética diseñada y puesta en marcha en sexenios anteriores, es preciso que el gobierno actual tome ya las riendas de este tren que parece marchar sin él y sin rumbo. Urge que la autoridad agraria atienda y dé seguimiento a los procesos de denuncias de despojo de tierras, que la Semarnat someta los procesos de evaluación autorizados a un proceso de revisión institucional colegiado con base científica, pública y participativa, y que antes de continuar autorizando proyectos implemente una Evaluación Ambiental Estratégica que incluya de manera participativa a las comunidades mayas. •

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