Huexca: energía y pueblos originarios

Proyecto Integral Morelos: sin
licencia de las poblaciones afectadas

Lilián González Chévez

Pese a que el resultado oficial favorece la puesta en marcha al PIM al señalar que el 59.5% de la intención del voto apoyó el sí, el rechazo de las poblaciones que se encuentran en el trayecto del gasoducto, del acueducto o donde se ubica la misma termoeléctrica fue patente.

En dos municipios del oriente de Morelos por donde cruza el gasoducto, se retiraron las casillas o se propició la quema de las ya instaladas, es el caso de Temoac -municipio al que pertenece Amilcingo, de donde era originario Samir Flores, el líder opositor al PIM asesinado tres días antes de la consulta- y el municipio de Jantetelco

En la comunidad de Huexca, donde está la termoeléctrica, se acordó en asamblea comunitaria, de acuerdo con sus usos y costumbres, votar por el no, con 473 firmas en contra. A su vez, en todo el municipio de Yecapixtla al que pertenece Huexca, también predominó el no con 1241 votos en contra y 587 a favor.

Por su parte, en el municipio de Ayala, donde los ejidatarios mantienen una férrea resistencia al acueducto, el resultado fue contundente: 3824 votaron por el no y 384 por el sí. En tanto que en el municipio de Cuautla, donde también atraviesa el acueducto,  el no predominó sobre el sí por un pequeño margen: 3926 votos por el no, contra 3904 votos por el sí.

Así, las localidades donde se rechazó la consulta o se votó de manera decisiva por el no, son precisamente aquellas donde los impactos socioambientales, productivos y de salud son mayores si se pone en marcha el PIM. Conviene hacer un recuento sobre dichos impactos.

1. No cuenta con la licencia social de las poblaciones directamente afectadas

En las comunidades de Morelos por donde pasa el gasoducto: Jantetelco (2012), Amilcingo (2014); el acueducto: San Pedro Apatlaco (2014,2015 y 2018), y donde se instaló la termoeléctrica: Huexca (2012), se realizaron operativos policiales para contener la resistencia social, amedrentando a los pobladores que se oponían mediante el desalojo, la ocupación policiaca y la criminalización de la protesta. Se trata así de un proyecto impositivo, contrario a la voluntad y al principio de autodeterminación de los pueblos, en donde no hubo consulta previa, libre e informada antes de construir el Proyecto.

2. Atenta contra la seguridad de 26 pueblos de Morelos y Puebla

La Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la Semarnat no aplicó el principio precautorio necesario en este tipo de megaproyectos. Como han señalado el CONAPRED y el CUPREDER, el gasoducto atraviesa la Zona de riesgo volcánico del Popocatépetl. En caso de actividad volcánica, sismicidad o incluso por efecto de “huachicoleo” se pone en riesgo vital a 26 poblaciones aledañas de Puebla y Morelos. Es por ello quee, en 2018, la CNDH emitió una recomendación a la CFE, la Semarnat y el CDI al actuar en agravio de estas comunidades y no cumplir los parámetros de una consulta previa, libre e informada.

3.  Despoja de los derechos colectivos sobre el agua

CFE pretende derivar 240 l/s de agua de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Cuautla (PTAR) para abastecer a la termoeléctrica de Huexca. Estas aguas, afluentes del río Cuautla, las tiene en concesión la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias Eufemio Zapata Salazar (ASURCO) y beneficia el riego de los ejidos de Ayala, aguas abajo de la PTAR. 

Para compensar este déficit, CEAMA, CFE y el Gobierno Estatal 2012-2018,  aumentaron el aforo de las aguas residuales a la PTAR mediante la construcción de más drenajes en la periferia de Cuautla, con lo que aseguran se recuperaron ya, los 240 l/s que se derivarían a la termoeléctrica; no obstante, en 2015 firmaron un acuerdo el Organismo Operador del Agua y  Saneamiento de Cuautla (SOASPC) y ASURCO con la CFE, para vender el agua residual  por m3 a la termoeléctrica.

Ante este convenio inequitativo, los ejidatarios de Ayala, pertenecientes a ASURCO, lograron un amparo con resolución definitiva a su favor, contra el despojo de sus derechos de agua.

4. Divide a la organización ASURCO

Los ejidatarios de Ayala, aun ganando a la CFE un amparo definitivo, se resisten al despojo de su derecho al agua instalando un plantón permanente desde hace 2 años 6 meses, para impedir la conexión del acueducto a la termoeléctrica. Así, hoy la termoeléctrica se encuentra paralizada, por carecer del agua necesaria para su funcionamiento por la oposición de los ejidatarios de Ayala al acueducto.

En tanto, CFE, CEAGUA y SEDAGRO, buscando la licencia social de los ejidos que integran ASURCO han ofrecido obra pública: revestimiento de canales, jagüeyes, presas, ollas de captación, tanques de almacenamiento y hasta construcción de ayudantías. Estas prebendas han minado la cohesión de ASURCO, desarticulando su defensa como colectivo unificado.

5. Afecta la productividad agrícola de la región

Para los campesinos de Ayala, no se puede asegurar el abasto de agua a sus tierras de riego, si se les despoja de ella para uso industrial, lo que afecta la productividad agrícola de la región considerada “el Huerto de Morelos”.

6. Afecta la cohesión comunitaria en Huexca y Amilcingo

En Huexca y Amilcingo, CFE y otras instancias de gobierno, recurrieron también a proyectos productivos, despensas y obra pública, estas medidas, también generaron grave división y polarización.

7. Afectaciones directas a la salud

Durante el periodo de pruebas, la termoeléctrica en Huexca operó con niveles auditivos por encima de la Norma Ambiental. Por su intensidad y persistencia, el ruido provocó irritabilidad, dolor de cabeza y daño acústico a niños del kínder y la escuela secundaria, ubicadas a 200 m. de la termoeléctrica.

8.  Afectación al medio ambiente

Los gases que desprenderían las chimeneas de la termoeléctrica aumentarían el calentamiento global, provocarían efecto invernadero y lluvia ácida que erosiona la tierra y afecta la productividad de los cultivos.

El agua para el enfriamiento de las turbinas produciría contaminación térmica al desecharse en los afluentes del río Cuautla a 40° C, con un PH más ácido y con agregados químicos, lo que destruye el ecosistema acuático.  Para los campesinos que recibirán estas aguas residuales de retorno, se trata de “agua muerta”, es decir, deficiente en oxígeno, que ya no contiene propiedades nutricias para sus cultivos.

9. Afecta la identidad comunitaria donde nació la Revolución del Sur

La identidad comunitaria de los ayalenses está firmemente arraigada en el Zapatismo y el Plan de Ayala. Como nietos de revolucionarios, no se olvidan de que el Plan de Ayala dice a la letra: “Que las tierras, montes y aguas regresen a sus legítimos dueños”. El PIM afecta derechos históricos colectivos sobre el agua ganados a sangre y fuego durante la revolución.

10. Crisis de legitimidad de AMLO

Para los campesinos de Ayala, votantes masivos de AMLO en las presidenciales, las expectativas el 10 de febrero en Cuautla eran altas, seguros de que su presidente refrendaría su palabra empeñada públicamente en contra del PIM en Yecapixtla en 2014 y luego en su campaña en 2018, pero al final del día se sintieron traicionados.

Los impactos socioambientales, de salud y productivos de un megaproyecto son interpretables en términos de un referente: los derechos humanos y colectivos. El PIM los ha vulnerado de manera sistemática. •

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