Huexca: energía y pueblos originarios

El PIM, el negocio, el riesgo y el desastre

Aurelio Fernández F. y Alejandra López García

En 1999, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) resolvió la determinación de la Zona Geográfica de Puebla Tlaxcala para fines de distribución de gas. En 2010, en atención a la petición del gobierno de Marco Antonio Adame, la CRE resolvió añadir la Zona Geográfica de Morelos.

En 2011, la Secretaría de Energía (Sener), junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció el Proyecto Integral Morelos (PIM). Las compañías contratadas por la CFE para la realización de las obras del PIM y su aprovechamiento posterior son la españolas Elecnor y Enagás, para el Gasoducto (aunque el aviso de licitación sólo cita a la primera), y Abengoa para la Central de Ciclo Combinado. El esquema de inversión para el Gasoducto es el conocido como Pidiregas (Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público, financiado por el sector privado o social). La Central, o termoeléctrica, está en el Programa de Obras de Inversiones en el Sector Eléctrico (POISE).

La CFE promovió ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dos Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA). En la primera de ellas se detalla que el gasoducto tendría una longitud de 159.807 km por 25 m de ancho de derecho de vía, enterrado a una profundidad de 1.20 m, y que conducirá 9 millones 61 mil 390 m3 de gas natural. Los municipios afectados pertenecen a los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. En la segunda MIA se refiere la instalación de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado con tres turbinas de gas, tres generadores de vapor, una turbina de vapor y una subestación eléctrica de 400 kV, que usará el gas conducido desde Tlaxcala como combustible.

La CRE aduce autonomía para determinar las Zonas Prioritarias de distribución de gas. Es decir, la Sener, como cabeza de sector, hace valer el interés de este mercado y de los desarrollos urbanos e industriales por encima de otros intereses de sectores económicos y sociales presentes en la región.

Entre 2001 y 2007, la Semarnat, la Dirección del Parque Nacional Izta-Popo Zoquiapan, y los gobiernos de los estados de México, Morelos y Puebla, acordaron hacer un Programa de Ordenamiento Ecológico en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Estos instrumentos están previstos y reglamentados por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y son de observancia obligatoria para la planificación territorial, de los usos de suelo y las actividades productivas. Este Ordenamiento considera, por primera vez, la variable de riesgo eruptivo como dimensión para planificar el uso de suelo en esta zona. El Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la BUAP realizó este trabajo, concluido entre 2005 y 2007 para las tres entidades federativas involucradas.

El Programa de Ordenamiento Ecológico del Volcán Popocatépetl y su zona de Influencia indica usos de suelo y criterios ecológicos y por riesgo eruptivo que inhiben la instalación de infraestructura de alto impacto y el cambio de uso de suelo hacia la urbanización en una zona de vocación agroforestal y de importante recarga de mantos acuíferos para las cuencas de los tres estados. Tanto en los orígenes del proyecto en la década de los 90, como en la reactivación con el gobierno de Felipe Calderón, la estimación del Cupreder ha sido negativa, por dos razones básicas: el trazo junto a zonas de peligro volcánico, y la proyección de ramales de distribución para desarrollos industriales que traerán consigo irremediablemente cambios de uso de suelo que a su vez empeorarán la vulnerabilidad frente al peligro eruptivo. Desde el punto de vista ambiental, además de los peligros intrínsecos, el desarrollo de zonas de habitación más grandes y densas impermeabilizará una región estratégica para la recarga de mantos acuíferos que abastecen de lado oriente de los volcanes a más de 3 millones de personas, y del poniente a más de 12 millones. El tema de la termoeléctrica tiene componentes equivalentes pero agravados, porque implica el uso de importantes volúmenes de agua, hoy utilizada por decenas de miles de habitantes. Todo esto configura un desastre de lento y prolongado impacto sobre un área vasta y sus pobladores originarios.

La postura de los vulcanólogos del Instituto de Geofísica de la UNAM es de reserva, porque el gasoducto atraviesa por zonas de impacto de productos eruptivos. La instalación de la termoeléctrica en Morelos se encuentra sobre depósitos históricos de flujos de lodo o lahar. Los geofísicos también han advertido de lo indeseable que es promover una mayor ocupación junto a un gran volcán activo, del cual no se puede asegurar que no hará una erupción mayor pronto. El problema principal es propiciar la multiplicación de los asentamientos humanos: en esto coincidimos todos.

En julio de 2013, los doctores Servando de la Cruz, Ana Lilián Martín, Claus Siebe, vulcanólogos, y quienes este artículo firmamos, nos encontramos con Enrique Ochoa Reza, director entonces de CFE, en sus oficinas, a instancias de la senadora Blanca Alcalá; se le plantearon todas estas objeciones a la obra, que aún estaba en construcción. Estaba presente uno de los comisionados de CRE que firmó el permiso de transporte de gas, el exrector de la UNAM Francisco Barnés. Ante los argumentos, Ochoa solo pudo responder: “tienen razón, el proyecto está mal… pero ya está hecho, ya ni modo.” Se comprometió a revisar los peores aspectos de la obra, pero nada hizo.

El gobierno federal ha dicho que tiene la obligación de estar pagando ya 8 mmd al mes por concepto de operación del PIM, aunque no opere en realidad, porque el estatus de la obra es de “entregado”, así que los inversionistas tienen derecho a cobrar, como sea, gracias a los contratos leoninos que se signaron.

Las comunidades a lo largo del trazo y en torno a la termoeléctrica se han opuesto a la obra, en un principio sobre todo por la falta de transparencia, el trato despectivo y mentiroso que instrumentó la paraestatal, que llegó incluso a criminalizar la protesta social. Presos y perseguidos políticos fueron el resultado directo de la protesta. Al tiempo, varias comunidades resolvieron ampararse contra la obra, desde 2012, en Tlaxcala, Puebla y Morelos. En Atlixco, pesa una sentencia de suspensión de la operación del gasoducto en tanto no se consulte a las comunidades siguiendo los protocolos de la OIT en materia de los derechos de los pueblos originarios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene un expediente de quejas abundante, y resultó en la Recomendación 3/2018, para establecer una mesa de trabajo con el fin de subsanar las reconocidas violaciones a los derechos humanos de todas las comunidades afectadas por el proyecto.

Mientras tanto, desde el Cupreder hemos revisado en campo el trazo del gasoducto, hallamos que no coincide con el MIA y no está claro en dónde están sus coordenadas reales; las empresas deben saberlo, pero no lo han hecho público porque no les interesa: igual cobran. Como para el caso de la actividad eruptiva, no se ha ponderado el efecto del sismo de 2017, ocurrido a escasos 30 km, sobre la infraestructura.

Tenemos la impresión de que el gobierno actual de AMLO busca exclusivamente resolver la generación de energía eléctrica y atender las condiciones contractuales que le dejaron heredadas, para paliar el enorme gasto federal que la nación hace para cumplir con los contratos. Cuando se habla con funcionarios de CFE de segundo nivel de Sener y otras dependencias federales, hallamos comprensión y preocupación por el fenómeno y su desarrollo. Sin embargo, los titulares del Ejecutivo o de CFE no han manifestado ni una sola preocupación por el problema volcánico. En esta posición, de momento, el gobierno federal no corresponde a las expectativas creadas.

No consideramos necesariamente que la planta, o el gasoducto, no puedan operar, pero es condición indispensable corregir los errores del proyecto mediante el empleo de los mejores esfuerzos técnicos y sociales, y eso se lleva tiempo. Tampoco pensamos que necesariamente va a operar bien; pero esa discusión no la quiere dar el gobierno, y se limita al problema del control del agua en Apatlaco, que es lo más urgente, pero a mediano plazo, el problema es el desarrollo que se está propiciando, que anticipa un indeseado escenario de riesgo. •

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Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la BUAP

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