Huexca: energía y pueblos originarios

Lo necesario, lo urgente

Milton Gabriel Hernández García

Pobladores de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, y comunidades aledañas que se oponen a la construcción del gasoducto del Proyecto Integral Morelos expulsaron a los trabajadores que instalaban los ductos y exigieron sacar maquinaria. José Castañares / La Jornada

En esos pueblos y municipios solo una pequeña minoría ha apoyado la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto que integran al PIM. De tal manera que allí donde se pudo inclinar la balanza en la tendencia general hacia el “no”, se hizo un vacío y se dejaron de sumar por lo menos unos 15 mil votos en contra, los correspondientes a los pueblos directamente afectados. Irónica y tristemente, la población que no tiene cercanía geográfica con el proyecto terminó definiendo la tendencia mayoritaria hacia el “sí”.

Habiendo o no previsto que ese podría ser el resultado, la apuesta política de determinados sectores de la resistencia fue la acción directa para impedir que se llevara a cabo la llamada “consulta ciudadana”, ya sea llamando a no votar o impidiendo la instalación de las casillas. Sin embargo, no sobra advertir que un amplio sector de quienes rechazan el PIM visualizó a la consulta, aun con los cuestionamientos justos que se le puedan hacer, como un medio para lograr un fin superior: parar la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto. Quedará para el hubiera, que no existe, la alta probabilidad de que ese sector pudo haber logrado su legítimo objetivo, pues finalmente la diferencia entre una y otra opción fue minúscula. 

Me parece importante señalar que no solo es facultad y atribución, sino que es sobre todo obligación legal del Estado realizar consultas a la población potencialmente beneficiada o afectada por un proyecto de cualquier índole. El derecho a la consulta no es una lucha ganada en la mayor parte del país y de ello han sabido recientemente en Mexicali, donde el Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) declaró el pasado tres de marzo que es intrascendente e improcedente jurídicamente el plebiscito sobre la instalación de una planta cervecera en el kilómetro 10.5 de la carretera Mexicali-San Felipe, en una superficie de 388 hectáreas. Dicha consulta ciudadana había sido solicitada por los activistas que se han opuesto a la instalación de la planta, debido a que varios estudios demuestran que, de construirse, se traducirá en despojo y contaminación del agua que se utiliza para el consumo y para la producción agrícola (La Jornada, 4/02/2019).

Desgraciadamente, en México sigue existiendo un vacío legal en torno a las consultas a los pueblos originarios. Una buena parte de las iniciativas que se han impulsado desde las organizaciones sociales han sido bloqueadas por partidos de derecha y por la iniciativa privada. Como muchos, pienso que la consulta no debía realizarse en esas fechas. Pero tampoco debía cancelarse. En todo caso, al no existir un plazo legal y de acuerdo al momento político de esos días, sobre todo por el cruel asesinato de Samir Flores Soberanes, debió haberse pospuesto. Eso habría permitido, además, que la población tuviera mayor información sobre los pros y los contras. El hacerla con prisa y bajo ese formato, incrementó la percepción de atropello, pero sobre todo favoreció que la mayoría de la población decidiera no participar (apenas un 5% lo hizo) o ni se enterara de su realización.

Una vez que se conocieron públicamente los resultados, las organizaciones opositoras al PIM han emprendido varios caminos para invalidar la consulta. Uno de ellos es la movilización política articulada con organizaciones y redes solidarias. El otro es la lucha legal con el objetivo de anular la consulta por considerar que no se ajustó a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, ya que no fue previa, libre, debidamente informada, ni culturalmente pertinente.

A partir de los resultados de la consulta del 23 y 24 de febrero y de las acciones de la resistencia, se vislumbran tres posibles escenarios: a) que la movilización política y las acciones legales sigan logrando que continúe suspendido o incluso que se cancele el PIM; b) que se dé continuidad al proyecto, pero con modificaciones superficiales o sustanciales y c) que el PIM se realice tal y como fue planeado desde sus inicios. Si ocurriese “b” o “c”, existen una serie de antecedentes y de principios irrenunciables, que tendrán que ser tomados con toda seriedad:

1. Además de los amparos que se han interpuesto (hasta el momento hay por lo menos diez) y los que seguramente se interpondrán, no se debe obviar la confirmación definitiva emitida el pasado mes de enero del amparo que había otorgado en 2017 el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de Puebla a cuatro comunidades de origen nahua del municipio de Atlixco: San Jerónimo Calera, Santa Lucía Cosamaloapan, San Isidro Huilotepec y San José El Recreo. En dicha resolución “se ordena a las autoridades realizar una consulta indígena objetiva e informada sobre la construcción del gasoducto, obligando a la Secretaría de Energía que pida a los pobladores que decidan si la tubería se queda o se va” (Proceso, 20/02/2019). No son pocos los juristas que consideran que lo ocurrido el 23 y 24 de febrero no puede ser sustituto de una Consulta Indígena y que, por tanto, ésta se tendrá que realizar más temprano que tarde. Al respecto, los tribunales nacionales o internacionales tendrán la última palabra.

2. Está en proceso de cumplimiento la Recomendación 3/2018, emitida el 27 de febrero del año pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual fue aceptada en su momento por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En dicho documento, este órgano autónomo reconoce que en los 171 kilómetros que abarca el trazo del ducto que va de la comunidad de Magdalena Soltepec, Tlaxcala, a Yecapixtla, Morelos, incluye 89 localidades, entre ellas 37 pueblos originarios y 38 con algún porcentaje de población indígena, que albergan a 254 mil habitantes. La recomendación, dirigida también a Rafael Pacchiano Alamán, entonces titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al director de la extinta Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Roberto Serrano Altamirano, establece que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) debe supervisar las condiciones de seguridad del PIM. También señala que se deberá crear un Grupo de Trabajo entre la CFE, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el Centro Universitario para la Prevención de Desastres (Cupreder) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el Instituto de Geofísica de la UNAM, así como las unidades de protección civil estatales y municipales, con el objetivo de que este órgano colegiado valore si el PIM “cumple con las especificaciones técnicas previstas en la normatividad para gasoductos y la ambiental respectiva, verifique sus condiciones actuales en relación con el volcán Popocatépetl y otros agentes exógenos que puedan impactar en la seguridad de éste y de las poblaciones involucradas, a efecto de implementar las recomendaciones que en su caso se emitan, como medidas correctivas o preventivas”.

La CNDH advierte que no hay constancia de que la CFE haya tomado en cuenta estas recomendaciones formuladas por el Cenapred, ni que las modificaciones realizadas al trazo del gasoducto se hayan puesto a consideración de la institución para que emitiera las recomendaciones pertinentes. Al respecto, el Cenapred, el Cupreder y el Instituto de Geofísica advirtieron en sus informes emitidos ante la CNDH que diversos segmentos del gasoducto inciden en zonas de riesgo conforme al mapa de peligros del volcán Popocatépetl elaborado en 1995 por la UNAM. En su recomendación, la CNDH se fundamenta en los estudios de especialistas de diversas instituciones que han propuesto revisar el trazo del gasoducto, modificar los espesores de la tubería, considerar las recomendaciones y señalamientos de expertos en vulcanología y geofísica, además de incorporar en el estudio de riesgo, rutas de evacuación en caso de una actividad eruptiva. De hecho, especialistas del Cupreder han señalado que no se respetó el trazo original que establecía el proyecto y, además, no es descartable la posibilidad de que existan tramos fracturados a causa del sismo de septiembre de 2017. Ello se debe a que muchos campesinos no quisieron vender o rentar sus predios para que los atravesara el gasoducto, por lo que el trazo se fue modificando en función de los terrenos que las empresas iban consiguiendo con quienes sí estuvieron dispuestos a ceder sus parcelas. Por otro lado, desde el 2012 se ha denunciado la corrupción de la empresa responsable de instalar el ducto, pues utilizó tubería reciclada, de baja calidad, incluso deteriorada desde ese entonces por el salitre (Proceso, 17/02/2019).

Termoeléctrica en Huexca.

3. Es fundamental que mientras no existan resoluciones jurídicas definitivas, las cuales podrían tardar años en dirimirse y, sobre todo, en tanto no exista consenso con las comunidades directamente afectadas, principalmente Huexca, no se intente echar a andar la termoeléctrica, tal y como se ha anunciado recientemente. Los intentos para avanzar en ese sentido no han logrado sino exacerbar la tensión al interior de la comunidad, así como el rechazo al proyecto en su totalidad. De manera especial se debe considerar la voz de los ejidatarios agrupados en la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco) que tienen la concesión de aprovechamiento de ese cuerpo de agua para el riego de sus cultivos, pues hasta el momento nadie ha tratado con ellos sobre el posible encendido de la planta con fines de prueba. De hecho, cuatro amparos han logrado hasta ahora que la termoeléctrica no pueda usar legalmente el agua del río para enfriar sus turbinas. En días recientes: “el juzgado sexto de distrito en Morelos concedió a la comunidad indígena de Huexca, municipio de Yecapixtla, una suspensión definitiva para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se abstenga de descargar aguas contaminadas en el río Cuautla” (La Jornada, 18/01/2019).

4. Por otro lado, es urgente que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso del homicidio de Samir Flores Soberanes, pues es evidente que la fiscalía estatal no puede seguir al frente de las indagatorias, sobre todo cuando no ha hecho un tratamiento cuidadoso de las evidencias, pero principalmente, porque sin tener elementos se atrevió a criminalizar la lucha no solo de Samir, sino de sus compañeros. La FGR debe tomar como línea de investigación que el motivo de su asesinato fue su labor como defensor de derechos humanos y como comunicador indígena frente al PIM y dejar de lado aquella que pretende vincularlo con el crimen organizado. No se debe olvidar que antes de ser asesinado, había sido objeto de amenazas a causa de su comprometido activismo social. Como en otros casos de violaciones graves a los derechos humanos, sería fundamental que participara un órgano internacional en el esclarecimiento del homicidio.

En la zona de influencia del PIM, pero sobre todo en el oriente de Morelos, la tensión social es mucha. Además, el crimen organizado se ha asentado en la región desde hace años y cada vez consolida más su presencia. Esta historia ha sembrado ya mucha división, encono, sufrimiento. Pero también digna resistencia. En este contexto, solo a algunos les conviene seguir alimentando discursos de odio, descalificar a los adversarios, atizar el fuego e intensificar la polarización para pasar constantemente del conflicto a la confrontación. Mientras se dirime legalmente el escenario futuro, en lo inmediato es urgente volver a hilvanar el tejido social comunitario que ha sido desgarrado por años de confrontación. De ello depende lo que ocurra en el mediano y en el largo plazo.•

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