Huexca: energía y pueblos originarios

Una mirada desde la ventana del flanco

Se cuentan por miles los “proyectos de muerte” sembrados en el territorio nacional por las políticas neoliberales. Archivo La Jornada

Julio Moguel

I

Deben contarse por miles los “proyectos de muerte” que han sido sembrados a todo lo largo y ancho del territorio nacional por las políticas neoliberales que han imperado en México en las pasadas décadas. Es ominosa la vertiente minera, como lo es también la que ha colocado al campesinado y a la mayor parte de la población indígena en el límite de la pobreza o la indigencia. La inseguridad campea por todas partes, y los macroproyectos heredados –Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), privatización y desmantelamiento de Pemex y de la CFE, entre otros tantos– perfilaban ya a nuestro país hacia un nuevo “modelo de acumulación” desprovisto de seguros o anclajes, de esquemas regulatorios –que no fueran los que mandata el mercado y el capital financiero– y de cualquier otro tipo de fórmulas de resguardo o de prevención.

Es en este contexto en el que vivimos ahora el drama relacionado con el proyecto de la planta termoeléctrica de Huexca, en el estado de Morelos, relacionado con la construcción de un gasoducto que recorre zonas sensibles de Puebla y de Tlaxcala, y de un acueducto ubicado en el municipio de Cuautla.

No entraré aquí en consideraciones o valoraciones específicas sobre su impacto social y medioambiental, críticamente planteado en muy distintos momentos por los pobladores de esas zonas y por instituciones civiles o académicas especializadas, ni en señalamientos relativos al curso que ha llevado un proceso heredado de violencias que llegaron, en su punto más crítico y visible en estos últimos días, al asesinato de Samir Flores, conspicuo dirigente del amplio movimiento desplegado desde tiempo atrás contra el proyecto hidroeléctrico de Huexca. Tampoco me ocuparé aquí de la valoración específica de la consulta pública realizada por el gobierno federal para determinar el “Sí” o el “No” frente a la continuación y concreción del proyecto, tema que sin duda deberá revisarse de cara a lo que se tiene pendiente en el asunto, entre lo que cabe dar un nuevo curso de validación a lo que mandata el Convenio 169 de la OIT.

Quiero sólo mirar el tema desde esa ventana antigua que, desde un punto no muy cercano a la fachada, permite observar –y presentar– el tema desde un ángulo distinto a la simple y llana descalificación. Los términos utilizados por sectores que se autocalifican de izquierda (coincidente en este punto con amplios movimientos de derecha) van más o menos en los siguientes rangos: “lo de Huexca muestra que el proyecto de AMLO es más de lo mismo”; “AMLO y su gobierno no deben permitirse esas concesiones tácticas al capital depredador”; “El gobierno es el culpable del asesinato de Samir”.

II

El “proyecto de muerte” padre de todos los proyectos está en curso y se ubica claramente en la práctica declaración de guerra del capital financiero internacional –y de sus socios y/o aliados nacionales– contra el curso global seguido por lo que ha sido bautizado como la Cuarta Transformación. La (pre)declaratoria en la apertura de las hostilidades había sido anunciada desde tiempo atrás, con documentos como el presentado por el grupo financiero Goldman Sach el 23 de marzo de 2018, titulado “Mexico: Facing 100 Days of Uncertainty and Potential Drama”. Pero el curso ascendente de la puja se extendió y adquirió sus más nítidos perfiles cuando, antes del 1º de diciembre, y justo a través de una consulta pública, fuera cancelado uno de los “proyectos de muerte” más emblemáticos y onerosos del esquema plus-neoliberal: el del NAIM. Fitch Raitings no tardó en castigar los atrevimientos plebeyos de los nuevos gobernantes, haciendo una rebaja en la calificación de los bonos del NAIM. Las financieras Moody’s y Standar&Poor’s siguieron el mismo curso de descalificación, pero no adelantaron en ese momento acción alguna para penalizar algún rubro de las “cuentas pendientes” de la nueva administración.

Por falta de espacio no entraré aquí a considerar las tensiones y niveles de conflicto que se dieron entre los actores mencionados en la batalla del nuevo gobierno por generar una austeridad rasante y por la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (central para direccionar recursos extraordinarios a los “programas sociales de emergencia” y para dar un golpe seco al sistema institucionalizado de corrupción, entre otros temas a incluir). Salto de manera directa a considerar el otro –y definitivo– flanco de batalla en el que, al menos desde el 21 de diciembre de 2018 (cuando se inició la campaña frontal contra los huachicoleros), se inscribió el combate en torno a las que definen de hecho, en lo decisivo, las posibilidades no digamos de la Cuarta, sino de prácticamente cualquier transformación, a saber: la apuesta abierta por el nuevo gobierno por “la recuperación de Pemex” (y, en los hechos, del conjunto del sector energético), en una línea de escalamiento previsible pero muy tempranamente delineada, en la que no sólo ya hemos sido castigados rudamente por la calificadora Fitch Raitings (bajó dos puntos al valor de los bonos de la deuda de la paraestatal), sino puestos en picota por las otras calificadoras y algunos conspicuos núcleos financieros nacionales e internacionales, entre éstas la poderosa financiera Moody’s, que hace apenas unos días señaló que “no habría de otra” que llegar a una descalificación “sustancial”. En el avance de esta ofensiva trasnacional, hay que sumar ahora –1 de marzo de 2019– el cambio de Standar&Poor’s de su balance sobre el curso económico de México, declarando que “[ya] se modifica de estable a negativa la perspectiva de calificación de deuda soberana del país, debido a riesgos derivados del menor crecimiento económico y de presiones para las finanzas públicas por el apoyo extraordinario del gobierno a Pemex”.

(No sobra recordar aquí que el nuevo gobierno confrontó dicho escalamiento descalificador con un proyecto financiero de “rescate” en el que comprometió una inyección adicional de 107 mil millones de pesos para sacar a flote y rehabilitar a la paraestatal).

Pero –para decirlo rápido– el capital financiero y los núcleos económicos adjuntos no quieren un proyecto real de recapitalización ni de reestructuración efectiva con rentabilidad señera en el mediano o largo plazos, sino mantener el esquema de privatización y de desestructuración de la paraestatal que mantenga dos variables en cartera: a) liquidez efectiva y a corto plazo para el pago de “las deudas”; b) mantener a México como un país productor-exportador de crudo (sin importar si su condición de productor del hidrocarburo va en descenso) y como un país importador (creciente) de la tan preciada y necesaria gasolina.

III

Las “descalificaciones” y conflictos declarados contra el proyecto de transformaciones de la nueva administración buscan (ya) generar un descarrilamiento llano del ferrocarril llamado Cuarta Transformación. El bajo crecimiento del PIB (no superará el 2 por ciento, en los cálculos más optimistas) y las inminentes penalizaciones económicas, pueden afectar en lo que sigue la denominada “deuda soberana” (Standard&Poor’s agregó a su reciente descalificación que “existe una probabilidad de al menos una en tres de que bajemos las calificaciones del soberano durante el siguiente año”), metiendo al gobierno de México –y al país, en consecuencia– en una circunstancia en extremo difícil en una buena parte de sus líneas y proyectos de transformación.

Hay en la práctica una declaración de guerra del capital financiero internacional contra la llamada cuarta transformación.

Esa pretensión de descarrilamiento busca parar lo que hasta ahora ha venido siendo una ruta exitosa por parte del nuevo gobierno, a saber: terminar por desestructurar el régimen político que entró en crisis terminal el pasado 1 de julio, cuando más de 30 millones de virus entraron en su flujo sanguíneo para aniquilar las últimas resistencias de su continencia molecular. En el lance se busca (acabar de) desanudar los lazos que daban consistencia funcional al régimen político en cuestión, sea ello en lo concerniente a su sistema de alianzas característico (tecnocracia oligarquizada + una cúpula de cúpulas del capital privado nacional y trasnacional + crimen organizado-narcotráfico), o sea en lo concerniente a “su” aparato estatal (estructura, esquemas de jerarquía y flujos de funcionalidad).

El descarrilamiento parecería pensarse ya como un “buen escenario” para el capital financiero y sus aliados de cara a los posicionamientos de AMLO en uno de los temas-eje de la geopolítica internacional: su clara y consistente política de “no intervención” en el caso de Venezuela, fuerza de este gobierno que, con todo, ha sido un factor decisivo para bajarle puntos a la lógica intervencionista que marca la ruta del régimen estadounidense en la escala de Trump.

IV

Dadas estas circunstancias: ¿habrá entonces que agachar la cabeza para no protestar ni movilizarse de cara a “los proyectos de muerte” que hemos heredado? ¿Habría que “conciliar” y volverse acrítico frente a lo que pueda suceder en el futuro en éste y otros múltiples casos que pudieran rolar? De ninguna manera. La mecánica de reconformación en la que ahora somos –querámoslo o no– partícipes presupone la construcción-reconstrucción de múltiples frentes de lucha social-popular. Con vertientes fuertes en versiones cada vez más renovadas y activas en el curso de la Cuarta Transformación.

Para el caso específico de Huexca, se requiere tomarle la palabra al presidente para anular, amortiguar, limitar o eliminar, si ello es posible, todos los “efectos negativos” implicados en el proyecto hidroeléctrico original heredado de las políticas y lógicas plus-neoliberales. En otros casos –como en el tan mencionado Tren Maya, para poner un ejemplo– se requiere marcar pautas alternativas de diseño y de intervención en el que quede claramente marcada la huella y la presencia de los sectores sociales movilizados y originarios, con posibilidades de convertirse en copartícipes activos de los proyectos de desarrollo en cuestión. 

Porque, para hacer un simplísimo símil, se requiere correr rápido para cubrir un tramo que para algunos resulta imposible pensar: pasar en los seis años que siguen del 20 de noviembre de 1910 al 18 de marzo de 1938. Al menos. ¿Se podrá? •

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