Huexca: energía y pueblos originarios

Las consultas que no son consultas

Juan Carlos Flores Solís y Guadalupe Espinoza Sauceda

Participó menos del 1.2% de la población electoral activa en la zona de consulta.

Previo a la consulta 8 comunidades indígenas de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala se ampararon contra la misma, pues consideran que viola el derecho a la autodeterminación de los pueblos y a la consulta libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada que garantizan los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, 3 diferentes jueces federales en el Estado de Puebla desecharon los amparos con un mismo criterio: “la consulta del presidente no es un acto de autoridad, pues solo va a preguntar la opinión de la gente sobre la termoeléctrica”, sin tomar en cuenta los juzgados que no se está preguntando solo la opinión de la gente, sino que se está decidiendo el destino y funcionamiento del Proyecto Integral Morelos (PIM).

Así las cosas, los juzgados se contradijeron al concluir que, solo en caso de que la consulta resultara en sí a la termoeléctrica, se afectarían los derechos de los pueblos indígenas, es decir que la consulta sí tiene por objeto decidir el destino del Proyecto Integral Morelos, por órdenes del presidente, convirtiendo estos desechamientos en una clara “chicanada” legal. El resultado fue el esperado: gano el sí a la termoeléctrica con 33,174 votos (59.5%) frente a un significativo no de 22,355 votos (40.1%).

El presidente López Obrador planteó la consulta con el objeto, dijo, de resolver un conflicto social por la vía democrática, sin embargo el conflicto social surge por no haber escuchado y tomado en cuenta a los pueblos afectados por el PIM y el presidente lo que hace, en lugar de realizar una consulta indígena a los pueblos afectados en congruencia con la Recomendación de la CNDH 3/2018 y el amparo 402/2015 ganado por 4 comunidades indígenas de Atlixco, Puebla, sobre la violación a su derecho a ser consultados sobre su territorio, el presidente decide dar esa capacidad de decisión a terceras personas “ajenas” a la afectación, ofreciendo a cambio del sí, bajar los costos de pago de la energía eléctrica, es decir, coaccionando el voto.

Con una participación de 55,715 personas, que simbolizan menos del 1.2% de la población electoral activa en la zona de consulta, López Obrador busca legitimar la decisión que había anunciado desde el principio “aunque haya gritos y sombrerazos la consulta va, y la termoeléctrica va, porque el pueblo ya no es ningún niño”, palabras más, palabras menos.

Sin embargo, los pueblos denuncian el racismo de la consulta, pues señalan que terceras personas decidieron el destino de su territorio, como si un violador, pervertido o acosador decidiera el destino del cuerpo de una mujer. Así, lejos de cumplir con los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y respetarlos, con estas “consultas políticas” que se impulsan sin fundamento legal sólido y válido por parte de la autoridad llamada presidente de República, lejos de resolver un conflicto social, lo incrementó a tal magnitud que pudo provocar el asesinato del defensor de derechos humanos y comunicador indígena Samir Flores Soberanes, así como un descontento social y desencanto político muy fuerte del estado de Morelos con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Realizar consultas al margen de la ley, no solo genera la ilegalidad de las consultas, sino que es una violación al Estado de Derecho y provoca mayor polarización social, pues la ley tiene por objeto proteger el derecho de todos y evitar acciones de desigualdad.

Los pueblos originarios dicen no.

La consulta impulsada por López Obrador, evidentemente violó todos los elementos de la consulta indígena, pues no fue previa, es decir, que primero preguntara a las comunidades indígenas y al contrario genera una decisión pública que trae como consecuencia una presión social hacia las comunidades acerca de su decisión, no fue libre, pues se realizó en un ambiente de hostilidad, violencia e incluyendo a terceras personas ajenas al territorio de los pueblos indígenas, no fue informada, pues no se proporcionó la información suficiente sobre las consecuencias del proyecto y además fue parcial, no fue de buena fe, porque el voto era inducido en las boletas y por el presidente de la República hacía el sí a la termoeléctrica, además de ofrecer bajar los costos de luz a cambio del sí, y finalmente no fue adecuada culturalmente, pues nunca se tomó en cuenta a los pueblos indígenas afectados para su planeación, desarrollo, ejecución y alcances, así como sus formas tradicionales de toma de decisiones que la mayoría practican por medio de asamblea.

Esta consulta lejos de resolver un conflicto, lo acrecentó. La Presidencia de la República debe reflexionar sobre su actuar y ver las maneras de cómo reparar los daños causados a la autodeterminación de los pueblos afectados por el PIM, no solo ya, sobre las implicaciones sociales que ha generado la instalación del proyecto, sino ahora también, las afectaciones que ha causado esta consulta a modo que no es consulta.

La consulta de AMLO buscaba legitimidad política a su decisión previamente tomada, pero lejos de eso no la obtiene, por lo antes mencionado, pero además porque el margen del sí es muy mínimo y porque hay pueblos enteros donde ganó el no, amén de la baja participación de votantes que no es representativa.

¿Qué salidas le vemos a este conflicto? Mayor polarización social, el rechazo de los pueblos al PIM, y el entrampamiento legal del proyecto al acudir los pueblos a los tribunales a exigir justicia, justicia que les niega el Presidente de la República. Ya se preparan una serie de demandas, entre ellas amparos. ¿Qué se requiere? Un diálogo real donde se respeten los derechos de los pueblos y más el principal, el derecho a la libre determinación, expresada en autonomía y su facultad de decidir su futuro. •

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Abogados litigantes acompañantes de los pueblos.

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