La Fiscalía General de la República imputó a Gerardo Ávila García, secretario de rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y a la ex directora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles, el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, al causar presunto quebranto a la hacienda pública por casi 23 millones de pesos.

Durante la audiencia inicial de imputación, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la ex funcionaria de Sedesol se retiró porque presentó un amparo o incidente de suspensión provisional, por lo que no se pudo realizar la audiencia en calidad de investigada.

Durante la diligencia, el Ministerio Público federal señaló que el 15 de agosto de 2014 se suscribió el anexo técnico tres del convenio de colaboración del 6 de mayo de 2013, entre la entonces Sedesol y la UAEM para mejorar el proceso de gestión documental de la secretaría, el trámite de asuntos administrativos y el proceso de gestión para la atención ciudadana mediante un servicio de desarrollo, implementación y puesta en operación del sistema de control de gestión con interoperabilidad y uso de firma electrónica avanzada.

Contrato indebido

Fue un contrato indebido, de acuerdo con las autoridades, ya que las condiciones eran que la universidad no podía subcontratar más de 49 por ciento de lo acordado a un tercero; sin embargo pagó 21 millones 333 mil pesos a Fralo Soluciones Tecnológicas, más de 92 por ciento.

Para la fiscalía se violaron varios artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que a la entidad que se le adjudicó el contrato, en este caso la UAEM, no tuvo capacidad de cumplir con la responsabilidad adquirida.