Las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados concluyeron la redacción del proyecto de decreto que abroga la reforma educativa aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y reforma los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución que contemplan la participación y compromiso directo del Estado para elevar la calidad de los contenidos en los planes de estudio y la infraestructura escolar.

Los diputados de todos los partidos, representados en las comisiones unidas, garantizaron la permanencia en la ley de la autonomía universitaria. Rechazaron tocar la fracción séptima del artículo tercero, que en ese documento suprimía la autonomía de las casas de estudio. Ahora esa garantía permanecerá en la ley.

Se espera, según los cálculos de los diputados, que el decreto sea aprobado con los votos suficientes requeridos, es decir, las dos terceras partes de los legisladores que asistan a la sesión del miércoles de la semana próxima.

Así, tres meses después de haber ingresado la iniciativa a San Lázaro, los diputados consiguieron modificar su contenido. Por lo que corresponde al artículo tercero, el Estado será el rector de la educación, que además de obligatoria será universal, pública, gratuita y laica.

Se basará en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, pues desarrollará todas las facultades del ser humano, fomentará todos los derechos, las libertades, la dignidad de las personas, la cultura y la paz, y promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se privilegia también el reconocimiento a los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional.

Además, se fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, y se compromete al Estado a garantizar que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno contribuyan a los fines de la educación.

Para las empresas educativas privadas se garantiza que podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares.

Entre los artículos transitorios del proyecto se declara finiquitada la Ley General del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efecto los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general.