a Mañanera detonó ayer una discusión necesaria: el papel de empresarios y hombres de dinero en las maniobras propagandísticas sucias que impidieron en 2006 y 2012 el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República y que intentaron repetir ese bloqueo en 2018.

Santiago Nieto Castillo, quien fue fiscal de asuntos electorales en un tramo del sexenio de Enrique Peña Nieto, y fue botado de ahí para impedir que siguiera indagando el caso Odebrecht y las relaciones corruptas de esa firma brasileña con la campaña presidencial del mexiquense, dio a conocer datos que, según el planteamiento presentado en la conferencia matutina de prensa, mostrarían un financiamiento irregular de empresas privadas para golpeteo mediático y político contra un candidato presidencial, en este caso el ahora presidente López Obrador.

El señalamiento directo alcanza a Televisa, a Enrique Peña Nieto, a Gabinete de Comunicación Estratégica y a otras empresas, en diverso grado y con la advertencia de que las sanciones legales alcanzables son menores, ínfimas. Alejandro Quintero fue un personaje central en el tejido de relaciones entre tesorerías de gobiernos estatales y federales y la programación de Televisa. A través de dos de sus firmas, Grupo Tv Promo SA de CV y Tv Promo SA de CV , logró triangulaciones y maniobró para dar salida legal y financiera a ciertos compromisos políticos, entre ellos la promoción de quien era gobernador del estado de México, para que llegara a Los Pinos. Publicista de la pasada administración del propio Peña Nieto, Quintero apareció en las redes que propiciaron la elaboración y difusión de un documental que pretendía afectar el crecimiento electoral del tabasqueño.

Otro señalamiento ha alcanzado a empresas cuyos accionistas principales son dos hermanos Berrueto, uno de ellos, Federico, partícipe destacado en la actividad de Gabinete de Comunicación Estratégica, dirigido por Liébano Sáenz, quien fue poderoso secretario particular del entonces presidente Ernesto Zedillo (en la acusación contra Berrueto se mencionó dinero proveniente de otra de las cumbres de la corrupción en el sexenio recién pasado: OHL México).

Conforme a la narrativa utilizada por Nieto Castillo, quien ahora dirige la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (unidad de importancia clave en los procesos contra la delincuencia de tipo económico y financiero), ese aprovisionamiento de dinero a empresas particulares terminó sirviendo para impulsar un documental que sería utilizado contra la tercera candidatura presidencial de López Obrador: El populismo en América Latina, promovido de tal manera (incluyendo exteriores de autobuses del transporte público urbano) que parecía que lo importante era asociar gráficamente al político tabasqueño con figuras del populismo como Hugo Chávez y Luiz Inácio da Silva, Lula.

Los señalamientos del abogado Nieto Castillo generaron deslindes y revires inmediatos. Federico Berrueto negó cualquier forma de conexión entre contratos signados con empresas particulares y financiamiento de material con intenciones electorales, específicamente de guerra sucia. El Gabinete de Comunicación Estratégica, que suministra estudios en general y, particularmente, encuestas de opinión pública que son reproducidas en medios de comunicación masiva, también se desmarcó. Otra firma, Aleatica, señaló de manera tajante que no tuvo nada que ver con ningún documental político.

Pero no fueron los únicos impactos políticos del día: también se publicó en el diario Eje Central, bajo la firma de Juan Carlos Rodríguez, un reportaje sobre la Operación Berlín, referida a un entramado operativo para afectar mediante redes sociales, memes y videos al propio AMLO en 2018, mencionando como personajes financistas de la trama a Agustín Coppel (Grupo Coppel), Alejandro Ramírez (Cinépolis) y Germán Larrea (Grupo México), y a Enrique Krauze y Fernando García Rodríguez como principales responsables ejecutivos de esa operación.

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