A más de dos años que entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en todo el país, la Fiscalía General de la República (FGR) ha reflejado sus limitantes en las pesquisas e integración de carpetas de investigación por parte del Ministerio Público Federal.

El 18 de junio de 2016 entró en vigor el nuevo sistema, y desde entonces la ahora FGR ha sido poco eficaz en asuntos trascendentales en cada etapa de la audiencia inicial, que va desde la detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, solicitud de medidas cautelares y plazo de cierre de la investigación.

Ante tal situación, durante las audiencias los jueces han exhibido la precariedad con la que presentan pruebas las autoridades ministeriales, y como resultado se vienen abajo los casos, dejando a las víctimas sin el derecho a la justicia.

El caso más reciente es el ocurrido en Veracruz cuando la FGR no acreditó el delito de delincuencia organizada y el juez exoneró de dicho cargo a 21 implicados (ocho ex policías estatales y 13 probables integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación) en la desaparición forzada y asesinato de cinco jóvenes ocurridos el 11 de enero de 2016 en Tierra Blanca.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) destinó recursos para capacitar a través de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio a su personal; no obstante, continúan cometiendo errores en la etapa inicial y sus acusaciones no son sólidas y creíbles.

El martes pasado en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, durante la audiencia en el caso contra Luis Felipe P, El Felipillo, hijo del ex líder del cártel de Tláhuac, el juez fue claro al decir que su papel no es el de corregir el actuar del Ministerio Público, que –dijo– solicita vinculaciones a proceso de acuerdo con sus intereses y con mentiras.

Precisó que entre los errores que cometió el MP, en ese caso, está el de formular la imputación por delitos contra la salud en su modalidad de producción de cocaína, mariguana y metanfetaminas, aseveración que resulta falsa porque no se acredita la producción dentro del vehículo, puntualizó.

El viernes pasado, Alexis N, conocido como El Alexis, presunto líder de la Unión Tepito, fue puesto en libertad luego que la Fiscalía General de la República no pudo acreditar el delito que ameritaba prisión preventiva y sólo fue vinculado a proceso por el delito de posesión simple de droga y pudo obtener su libertad con el pago de una garantía.

Otro caso relevante fue el del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, en que el subprocurador especializado en investigación de delitos federales, Felipe Muñoz, reconoció errores en la integración de la investigación desde un principio.

Duarte fue llevado a juicio abreviado en el que fue sentenciado a nueve años de prisión luego de aceptar su culpabilidad por asociación delictuosa y lavado de dinero, a cambio de obtener una reducción de condena. A decir de Felipe Muñoz, de haber llegado a un juicio oral habría quedado en libertad.