Organizaciones feministas destacaron este martes que no cejarán en lograr que el aborto sea legal y gratuito en el país.

Fernanda Díaz de León, coordinadora de políticas y abogacía en IPAS México, manifestó que la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de guardar silencio y de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien está en contra del aborto pero también de que se criminalice a las mujeres por esta práctica, no abonan para dar certeza ni aclaran cuál es la responsabilidad del Estado en la prestación de servicios ya garantizados.

Además, preocupa la propuesta de someter a consulta estos temas, porque durante muchos años hemos sido enfáticas en repetir que los derechos no se pueden poner a consulta. No puede haber una política en la que se decida si se otorgan o no derechos sólo porque la gente se oponga o los apruebe.

Indicó que lo anterior muestra que se desconocen todas las recomendaciones de organismos internacionales al Estado mexicano en términos de garantizar servicios en aquellas causales ya contempladas y en avanzar en la despenalización.

Díaz de León explicó que la falta de claridad genera incertidumbre y afecta más a las mujeres que están en una situación de este tipo. Destacó que al reformarse las constituciones estatales para proteger la vida desde la concepción, no tienen el efecto de cancelar o derogar las causales contempladas en los códigos penales estatales.

Oriana López Uribe, de Balance, dijo que se está exigiendo con más claridad que haya más acciones contundentes para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo. Rechazó el discurso radical, pues cada persona va a decidir con base en su propio criterio, sus valores y el momento de vida qué es lo que puede, quiere y necesita hacer.

Señaló que ser pro aborto es promover que la gente sepa que existe esa opción y que después decida individualmente qué hacer.