Lunes 11 de marzo de 2019, p. 8
El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, presentará mañana una iniciativa para expedir la ley nacional de extinción de dominio, cuyo fin es brindar una legislación actualizada y efectiva para eliminar obstáculos procedimentales y quitar a organizaciones o individuos recursos patrimoniales que utilizan para delinquir.
Con este nuevo ordenamiento se regulará el aseguramiento de bienes en favor del Estado, el establecimiento de los procedimientos correspondientes, los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al procedimiento y para que lleven a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación o monetización en atención al interés público.
Asimismo, se dotará a las autoridades de criterios de oportunidad del destino de los bienes sujetos al proceso y, en su caso, la destrucción de los mismos. Con este ordenamiento se resalta en el texto de la iniciativa, se homologa el actuar de las autoridades competentes y definen reglas para la protección de las personas que pudieran ver afectado su patrimonio por medio del ejercicio de su derecho de audiencia.
Monreal detalla en su iniciativa que la extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un proceso judicial de naturaleza civil y autónomo del penal, mismo que, sin menoscabo a la garantía de audiencia de cualquier persona que pueda considerarse afectada, permite al Estado aplicar a su favor bienes y derechos de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos y petroquímicos.
El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores destacó que esta figura será una herramienta eficaz para el combate a la estructura patrimonial y financiera de la delincuencia al dotarla de mayor operatividad y funcionalidad, con abatimiento de obstáculos procedimentales que se interponen con su fin.