Para Lorenzo Córdova, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), no es una solución pertinente la desaparición de los organismos públicos locales propuesta por el partido Morena en la Cámara de Diputados, pues lo único que se provocará es que los problemas locales se federalicen.

Precisó que no está contra las reformas electorales, pero sí de aquellas que son producto de la ocurrencia. Estimó que junto a los vientos de cambio que corren en el país se han presentado muchas iniciativas que no tienen pies ni cabeza.

Córdova pidió partir del hecho de que el sistema electoral funciona para generar gobernabilidad democrática, crear garantías para el voto libre y secreto, tener condiciones de equidad en la competencia política y que los principios democráticos guíen la toma de decisiones. Si ese sistema no sirviera, no habríamos tenido los resultados que hoy tenemos, enfatizó.

En una reciente visita a Baja California Sur, el consejero del INE aceptó que sin duda hay ámbitos de mejora. A cinco años de la reforma electoral de 2014, se sabe qué cosas tienen eventualmente que modificarse, pero si se plantea una reforma con ánimos de refundación y reinventar algo que funciona, quién sabe qué demonios va a salir.

▲ El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en imagen del 23 de enero pasado.Foto Cristina Rodríguez

Durante una ponencia ante contralores de institutos electorales, consideró que no hay contexto en el que se tenga que refundar este sistema, sobre todo cuando hay problemas a los que se debe dar prioridad, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción o la impunidad.

Córdova Vianello señaló que no vale la pena gastar esfuerzos políticos en recrear algo que funciona, más bien hay que concentrarse en los verdaderos problemas. Por otra parte, advirtió que si no se amplía el presupuesto del INE, difícilmente va a llegar a fin de año.

Recordó que el instituto pidió a la Secretaría de Hacienda una ampliación de 650 millones de pesos que se requieren para no dejar de expedir las credenciales de elector, organizar elecciones, fiscalizar a los partidos y vigilar la radio y televisión.

Si ese monto no se concede, por primera vez se colocaría al órgano electoral en una zona de riesgo en la que podría no cumplir sus obligaciones legales, explicó.