a Fiscalía Electoral cumple 25 años. Ha tenido una trayectoria bastante opaca con un vuelco dramático y breve. Hoy tendrá que adaptarse a un nuevo régimen. En 1994 (elección de Ernesto Zedillo) el presidente del IFE Jorge Carpizo, de grata memoria, propuso como fiscal electoral al célebre jurista Ri­cardo Franco Guzmán. La Fepade cumplió un papel legitimador hasta 2015. Sus resultados fueron muy pobres.

Santiago Nieto fue un fiscal electoral (2015-17) que se atrevió a romper los límites impuestos por el Estado a la autenticidad electoral y empezó a indagar, en serio, los delitos de políticos y funcionarios que se creían impunes: desde el caso Veracruz, donde se libraron órdenes de aprehensión contra el secretario de Finanzas de Javier Duarte, el ex presidente municipal de Boca del Río, del ex delegado de la Sedesol y una regidora en funciones; la sanción a un funcionario electoral por vender credenciales para votar a menores de edad; el turismo electoral en Oaxaca y el estado de México; la investigación contra la presidenta del PVEM en Suchiate; la investigación contra Cuauhtémoc Blanco por vulnerar el Registro Federal de Electores; el condicionamiento de programas sociales en Colima y Quintana Roo; atendió casos de violencia política de género (a pesar de no estar tipificado), y muchos más, hasta llegar al caso Odebrecht, aún pendiente de resolver. Santiago recibió presiones constantes del gobierno federal narradas en su libro Sin filias ni fobias (Grijalbo, 2019), finalmente tuvo que declinar a su cargo. En materia de fraude, nadie le ganaba al sistema.

La nueva Fiscalía Electoral surge en circunstancias muy distintas. El gobierno está empeñado en acabar con el fraude electoral, no en encubrirlo. Co­mo primer indicio impulsó la reforma al artículo 19 constitucional y ahora habrá prisión preventiva oficiosa para quienes abusen de los programas sociales y les den un fin electoral. El nuevo fiscal estará en situación mucho más favorable que los otros directores de la Fepade. No tendrá de adversario al poderoso gobierno federal, sino como aliado. Colaboró Meredith González A.