A ritmo galopante, sin tregua desde el inicio de su administración, Andrés Manuel López Obrador cumplirá mañana la simbólica cifra de 100 días en la Presidencia con la lucha contra la corrupción y la instauración de la austeridad como signos de gobierno. Es también el periodo que se dio para detonar sus programas prioritarios y recuperar un papel más activo del Estado en la asistencia social y en la economía, bajo el objetivo de poner fin a la larga noche neoliberal y desmontar sus efectos.

Desde el primer día, López Obrador imprimió un estilo personal de gobernar para distanciarse del régimen anterior desacralizando los principales símbolos del poder: la clausura de Los Pinos como residencia oficial, la desaparición del Estado Mayor Presidencial y el envío del avión presidencial a California para su venta. En ese ímpetu por romper con el pasado ha decretado un masivo despido de trabajadores del Estado, la reformulación de los apoyos sociales acotando el papel de las organizaciones de la sociedad civil, creación neoliberal bajo la óptica de López Obrador.

En materia económica, con las principales variables bajo control que han resistido la incertidumbre de la transición –inflación, paridad cambiaria, comportamiento bursátil–, a pesar de decisiones polémicas como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, las valoraciones de las calificadoras internacionales han puesto de manifiesto la diferencia con la visión gubernamental del rumbo de la economía que pretende un cambio radical que ha decretado el fin de la era neoliberal.

Distanciado históricamente del sector empresarial en su trayectoria opositora, como Presidente ha sido el ámbito donde ha tejido las principales alianzas, pese a las críticas que algunas organizaciones patronales lanzaron tras la decisión sobre el aeropuerto. Con un hombre de negocios como jefe de la Oficina de la Presidencia (Alfonso Romo), desde la transición López Obrador ha buscado puentes bajo la lógica de que acelerar el ritmo del crecimiento económico no es suficiente sólo la inversión pública.

La creación de un consejo asesor durante la transición (integrado con algunos de los más connotados empresarios), su presencia en el Consejo Mexicano de Negocios y el relevo del Consejo Coordinador Empresarial, con los que acordó el impulso de la economía y su convocatoria a involucrarlos en la construcción de uno de sus programas más importantes –el Tren Maya, proyecto de 6 mil millones de dólares–, reflejan los términos de la relación, pero que hasta ahora no se ha patentizado en inversiones concretas.

Periodo este también de contrastes y confrontaciones en que la popularidad presidencial ha crecido a partir de sus primeras acciones de gobierno que han consolidado su liderazgo en muchos sectores de la sociedad, pero han generado encono entre los que López Obrador denomina sus adversarios: los conservadores. En paralelo, en las proyecciones del Banco de México y sectores financieros han caído las expectativas de crecimiento de la economía al punto más bajo en años, auspicios que el Presidente ha atribuido a la incomprensión de la importancia de la lucha contra la corrupción.

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador durante el acto Mujeres transformando el futuro, ayer en Palacio Nacional.Foto Pablo Ramos

No han sido pocas las veces que a la cruzada contra este arraigado fenómeno que ha emprendido López Obrador le ha conferido atributos mágicos –tengo la fórmula mágica, ha reivindicado en su espacio natural: la plaza pública–, la clave del cambio de rumbo nacional para dejar atrás el neoliberalismo, esa etapa de la historia reciente que –ha proclamado– sumergió al país en la descomposición, según la nueva óptica oficial.

Una era que bajo el discurso obradorista representó destapar la caja de pandora que desató todos los males del país, como ha enfatizado el Presidente prácticamente desde el primer día: corrupción, pobreza, marginación, inseguridad, abandono del campo, desastre energético, colapso institucional; desintegración familiar; rezago salarial, y un largo etcétera. Escenario que pretende revertir con la fórmula que ambiciosamente ha denominado la Cuarta Transformación.

El principal golpe contra la corrupción arrancó en plena época navideña: la lucha contra el huachicol que representaba una sangría anual de 60 mil millones de pesos, tolerada desde las entrañas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que reveló un entramado de corrupción que involucraba a empresas y ­funcionarios.

Un robo a la nación que involucraba millonarias operaciones de lavado de dinero que evidenciaron la profundidad de la corrupción alcanzada en el sector. A pesar de la tragedia de Tlalhuelilpan, Hidalgo, que causó 135 muertes, las interminables colas que propició el desabasto, las expresiones de inconformidad en algunas entidades, no minó el apoyo social a la ambiciosa medida, primera instrumentada para rescatar lo que para él es prioridad estratégica: Pemex.

Crítico de la privatización emprendida con la reforma energética, la política hacia el sector ha coexistido con la nueva realidad que involucra la iniciativa privada bajo nuevas reglas y que abarca al sector eléctrico. La corrupción detectada en la Comisión Federal de Electricidad originó la descalificación presidencial hacia grandes consorcios involucrados con contratos leoninos; acusaciones contra la complicidad de sus antecesores en su desmantelamiento y la más acre crítica a los organismos autónomos: la Comisión Reguladora de Energía.

Diferencias que el Presidente ha marcado también con otros organismos autónomos a los que considera onerosos por los elevados salarios que allí se devengan, los cuales no compatibilizan con su visión de austeridad, pero contra los que no se ha detenido en descalificarlos.