El gobierno de México rechaza toda labor de espionaje ilegal hacia cualquier persona, sea extranjera o nacional, indicaron las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Seguridad y Protección Ciudadana en relación a la información difundida en medios estadunidenses sobre la elaboración de una lista de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de 59 personas, principalmente periodistas, abogados y activistas, que estuvieron relacionados con la caravana de migrantes que atravesó el país en noviembre pasado.

La relación fue elaborada para que los agentes fronterizos los detengan para interrogarlos al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en los puntos de control de San Diego.

La división en San Diego, California, de la televisora KNSD dio a conocer la noticia el miércoles. Detalló que los agentes han entrevistado o detenido al menos a 21 personas.

La recopilación de la inteligencia se hizo en el contexto de la Operación Línea Segura, diseñada para vigilar la caravana de migrantes que ingresó al país en noviembre pasado con destino a Estados Unidos.

Las dependencias mexicanas afirmaron en un comunicado conjunto que el gobierno de México no lleva a cabo tareas de vigilancia ilegal a personas, bajo ninguna categoría o tipo de actividad.

Agregaron que nuestro país da la bienvenida a todos los visitantes extranjeros que, en apego a las leyes migratorias, realizan en nuestro territorio actividades de turismo o profesionales.

Por conducto de la oficina del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, la administración mexicana solicitará información al gobierno de Estados Unidos por los canales oficiales para esclarecer cualquier posible caso de espionaje ilegal.

En paralelo, el presidente del comité de seguridad interna de la Cámara de Representantes, el demócrata Bennie Thompson, envió una carta al comisionado de CBP, Kevin McAleenan, para demandar respuestas y motivaciones sobre la base de datos.

La sola apariencia de que agentes de CBP están seleccionando a periodistas, abogados y defensores, en particular a aquellos que trabajan en asuntos de migración o que informan sobre asuntos de frontera y migración, plantea dudas sobre el posible uso indebido de la autoridad y requiere supervisión para garantizar la protección legal de los estadunidenses y sus derechos constitucionales, condenó Thompson.