San Diego. El gobierno de Estados Unidos llevaba una base de datos de periodistas, activistas, organizadores e instigadores durante una investigación a la caravana migrante del año pasado, lo que enfureció a grupos defensores de las libertades civiles y de periodistas, que lo tacharon de violación flagrante a la libertad de expresión.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) compiló información personal que incluía foto del pasaporte, fecha de nacimiento, supuesta participación en la caravana y si habían sido arrestados. La existencia de la base de datos fue dada a conocer el miércoles por la televisora KNSD de San Diego.

Entre las personas mencionadas en los documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) proporcionados a la estación se encontraban 10 periodistas y 47 centroamericanos, así como siete ciudadanos y un abogado estadunidenses. A algunas de ellas les negaron la entrada a México y sus pasaportes fueron marcados.

Los textos, fechados el 9 de enero, se llaman Rama de operaciones extranjeras del sector de San Diego: caravana de migrantes FY-2019, presuntos organizadores, coordinadores, instigadores y medios de comunicación”. Según la televisora, el material fue utilizado por el DHS y otras agencias, incluso agentes de la FBI en San Diego.

La recopilación de la inteligencia se hizo al amparo de la Operación Línea Segura, diseñada para observar la multitudinaria caravana que partió desde América Central el año pasado con el propósito de pedir asilo en Estados Unidos.

La CBP no negó la existencia de la base de datos y en un comunicado señaló que la seguridad se reforzó tras abrirse una brecha en el muro fronterizo en San Diego el 25 de noviembre en una confrontación violenta entre miembros de la caravana y agentes. El choque derivó en el cierre del cruce más concurrido del país durante cinco horas en el fin de semana del Día de Acción de Gracias.

Los funcionarios aseguraron que estos “actos delictivos (...) que incluyeron agresiones a la policía y un riesgo para la seguridad pública son monitoreados e investigados rutinariamente por las autoridades”. El comunicado no abordó los detalles concretos de por qué había reporteros en la lista para que su pasaporte fuera marcado.

El periodista independiente Bin Guan refirió que él y un colega fueron detenidos por agentes estadunidenses cuando regresaban de Tijuana en diciembre.

Un agente vestido de civil que no proporcionó el nombre de su agencia le mostró a Guan un documento de varias páginas con decenas de fotografías y le pidió identificar a las personas en las imágenes. Luego le solicitó que le enseñara las fotografías que había tomado en Tijuana.

Guan dijo que el informe de los expedientes confirmaron las sospechas que él y otros periodistas tenían desde hace mucho.

Varios grupos denunciaron la base de datos, incluidas organizaciones periodísticas, el gobierno mexicano, la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, Amnistía Internacional (AI) y el Southern Poverty Law Center, organización sin fines de lucro especializada en la promoción de los derechos civiles.

Vigilar a periodistas y defensores de inmigrantes es indignante, y si está basado en sus opiniones políticas o actividades legítimas relacionadas con los derechos humanos, como sospechamos, es ilegal, aseveró Ashley Houghton, directora de campañas tácticas en AI.

El Comité para la Protección de los Periodistas pidió al Congreso examinar lo que califica de patrón inquietante de actividad. Representantes de la organización planean reunirse con funcionarios de la CBP para hablar de la situación.

La base de datos fue creada en un momento en que aumenta la tensión entre el gobierno de Estados Unidos y los periodistas, varios de ellos calificados por Donald Trump de enemigos del Estado.