Viernes 8 de marzo de 2019, p. 7
La titular de la Subsecretaría de Seguridad federal, Patricia Bugarín, advirtió acerca de la mutación o migración
hacia los delitos de secuestro y extorsión, de personas que antes se dedicaban a otros ilícitos, como el robo de combustible. Lo anterior se conoce coloquialmente como “efecto cucaracha” y ante ello es necesaria la coordinación de los tres niveles de gobierno, advirtió.
Detectamos la mutación de aquellos que se dedicaban al robo de hidrocarburos a otros delitos, principalmente extorsión. No es algo que estemos dejando de atender, sino que replanteamos estrategias
, dijo en entrevista.
Según los datos difundidos el pasado 20 de febrero por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en diciembre pasado las procuradurías y fiscalías estatales abrieron –en conjunto– 91 expedientes por secuestro, y en enero la cifra subió a 140, esto es, 53.8 por ciento más.
En cuanto a extorsión, el nivel pasó de 511 a 693 casos en el mismo lapso (35.6 por ciento). Sobre el nivel de feminicidios, en diciembre hubo 67 y en enero 70, esto es, un aumento de 4.4 por ciento. Los delitos con mayor alza son, además del plagio, la trata de personas (254 por ciento) y el narcomenudeo (22.7).
Al respecto, la funcionaria reconoció que ha habido falta de reacción oportuna en los tres niveles de gobierno. El feminicidio, precisó, es considerado un delito de odio; sin embargo, en ocho de cada 10 casos hay estigmatización a la víctima.
Acerca de la extorsión, indicó que hay nuevas modalidades de acercamiento
–como el teléfono– para amenazar, y de cada 10 casos dos podrían concretarse.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, subrayó que continuará el respaldo social a mujeres: 86 mil millones de pesos irán de apoyo directo al sector femenino, principal beneficiario de todos los programas sociales
.
Precisó que en el país hay poco más de 60 refugios para mujeres víctimas de violencia: 20 propiedad del gobierno federal, operados por la Secretaría de Salud; algunos administrados por autoridades estatales y la minoría por la sociedad civil, que han hecho un trabajo extraordinario para salvaguardar la integridad de poco más de mil 500 mujeres en situación de riesgo
.
Reiteró que los mecanismos serán modificados, pero el apoyo continúa. Los funcionarios fueron entrevistados al término del coloquio Violencia cero. Espacio público para todos, organizado por el Museo Memoria y Tolerancia