Buenos Aires. En medio de la incertidumbre y la tensión que se vive aquí, cuando el dólar cerró a 43.50 pesos en una corrida sorpresiva, su punto más alto en lo que va del gobierno de Mauricio Macri, y el riesgo país trepó a más de 800 puntos, el fiscal Carlos Stornelli se negó a declarar este jueves en la causa que enfrenta por asociación ilícita con el falso abogado y agente de inteligencia Marcelo D’Alessio, a la vez que la Corte Suprema rechazó un recurso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el procesamiento con prisión preventiva en el caso del memorando de entendimiento con Irán.

Esta decisión de la Corte puso en evidencia las dos caras de la justicia en tiempos de Macri, ya que se trata en el último caso de una causa irregular sobre un memorando que nunca se aplicó y fue aprobado por el Congreso en 2013 para establecer la verdad sobre el atentado contra la Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA) perpetrado en julio de 1994.

Esta causa es tan forzada como la que abrió en Brasil el juez Sergio Moro para acusar y detener al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sin ninguna prueba, absolutamente ilegal y como parte de la persecución política que lleva cabo el juez Claudio Bonadío contra la ex presidenta argentina y otros funcionarios y líderes sociales, después que había sido desestimada la denuncia en una resolución ejemplar por el juez Daniel Rafecas, sostiene un grupo de juristas que lucha por la independencia de la justicia.

La causa se originó en enero de 2015, cuando el fiscal Alberto Nisman interrumpió sus vacaciones tras recibir una misteriosa llamada y denunció que el Memorando de Entendimiento con Irán –que señalaba que jueces argentinos y otras personas viajaran a Teherán a indagar a funcionarios iraníes acusados, sin pruebas, por Estados Unidos e Israel de ser responsables del atentado– iba a ser utilizado para encubrir a los acusados.

Por esta razón y redactada con una asombrosa pobreza jurídica, con suposiciones y testimonios falsos, la denuncia fue desestimada por el juez Rafecas el 26 de enero de 2015. El fiscal Nisman se suicidó el 18 de enero de ese año, como certificaron más de 13 peritos, presuntamente ante la imposibilidad de defender su denuncia ante el Congreso.

Esto fue utilizado por fiscales y jueces afines al gobierno actual, para pedir el juicio político contra la ex presidenta, responsabilizándola de la muerte de Nisman. El gobierno de Macri revivió artificialmente la causa.

Al comparar los comportamientos de la justicia actual, Fernández de Kirchner –en su cuenta de Twitter– se dijo sorprendida porque el fiscal Stornelli no se presentó a declarar ante el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien lo investiga ante la denuncia de extorsión del empresario Pedro Etchebest, quien como otros, fue amenazado de aparecer en la causa de las fotocopias de los cuadernos supuestamente escritos por un ex chofer, si no pagaba 300 mil dólares.

Al recordar las veces que ella ha acudido a tribunales, indicó: Ya van 15 indagatorias. Doce pedidas por Bonadío y 10 por Stornelli. Y algo inédito en la historia judicial argentina: la última vez me citaron a ocho indagatorias en un día. Sólo durante las dictaduras se expuso tan claramente un sistema donde los opositores al régimen no tienen ni derechos ni garantías constitucionales y los oficialistas gozan de toda la impunidad política, judicial y mediática.