En los primeros tres meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, más de mil personas dejaron de laborar en la Secretaría de Cultura federal (SC) y los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

De acuerdo con datos obtenidos por La Jornada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la instancia que más trabajadores dejó sin empleo ‘‘por no requerir sus servicios” (motivo principal), es el INAH, donde suman unos 650.

En la SC se fueron más de 300 servidores públicos y en el INBAL suman ya casi 200. Los motivos van de la ‘‘renuncia voluntaria” y ‘‘asuntos personales” a la terminación de contratos, sobre todo entre los trabajadores eventuales o bajo los esquemas de contratación conocidos como capítulos 1000 y 3000.

Técnicamente no se trata de ‘‘despidos”, pero en los hechos lo son, acusan los trabajadores, pues no obstante tener ese tipo de contratos que los hacen parecer, incluso, ‘‘empleados de segunda”, son profesionales que llevaban laborando en esas instituciones décadas, además sin ningún tipo de prestación de ley y sí con las mismas obligaciones que cualquier trabajador ‘‘de base”.

Así lo confirma, por ejemplo, la Dirección de Vinculación Cultural de la SC que reportó no contar ‘‘con registros que acrediten despidos de personal. Sin embargo, bajo el principio de máxima publicidad de la información (sic), se notifica que durante el periodo de referencia se generaron 8 renuncias por motivos personales”.

Ajuste y austeridad en todos los niveles

En el número total de personas que se fueron de las instituciones culturales con el cambio de gobierno federal se incluyen las renuncias de directivos de alto rango, como la ex titular de la Secretaría de Cultura María Cristina García Cepeda, y mandos medios que por obvias razones se marcharon con la llegada del nuevo equipo de Alejandra Frausto Guerrero, actual encargada de esa instancia, pero el ‘‘ajuste” administrativo en aras de la ‘‘austeridad republicana” ha ocurrido en todos los niveles.

La Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios del INAH informó que ‘‘cuenta con un registro de 423 prestadores de servicios para apoyo en áreas administrativas del instituto, bajo capítulo 3000, de los cuales 348 concluyeron sus servicios el 31 de diciembre de 2018 tal como lo indica la vigencia de sus respectivos contratos , y los 75 restantes corresponden a términos de vigencias de contratos en los meses anteriores a diciembre”.

Esa coordinación puntualizó que durante enero y febrero de este año el instituto ‘‘no realizó contrataciones de prestadores de servicios”.

En Recursos Humanos del INAH se explicó que en esa unidad administrativa no realizaban contrataciones por honorarios, ni por capítulo 3000, pero precisaron que mil 760 trabajadores eventuales ‘‘causaron baja el 31 de diciembre de 2018 por termino de contrato, y en 2019 no se renovó a 207 trabajadores por esta categoría, toda vez que no fueron requeridos por el centro de trabajo al cual se encontraban adscritos”.

Al igual que en la Secretaría se Cultura, donde en Asuntos Jurídicos se fueron 59 prestadores de servicios profesionales ‘‘debido a la falta de asignación de presupuesto para su contratación”, en el INAH el área donde más se prescindió de personal fue en la encargada también de asuntos jurídicos, en la cual no se renovó contrato a 15 personas.

En la Dirección de Medios de Comunicación fueron 13 trabajadores eventuales los que se marcharon, mientras de la Coordinación Nacional de Difusión, 12. Respecto de las escuelas, los datos oficiales indican que en la Nacional de Conservación, Restauración y Museografía fueron sólo cinco eventuales no recontratados, en la Nacional de Antropología e Historia (ENAH), ocho, y en la ENAH del norte, siete.

En el INAH, donde Diego Prieto fue ratificado como director general, se reporta la renuncia de 19 mandos medios, la mayo-ría de servicio profesional de carrera, algunos de los cuales, no obstante, simplemente cambiaron de centro de trabajo.

Sólo se indica que el pasado 31 de enero fue cesada una persona en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos.

En la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura federal se dio de baja en diciembre a 44 personas contratadas por Capítulo 3000.

Ninguna de las tres dependencias consultadas tienen en sus registros como motivo de baja de sus empleados la ‘‘duplicidad de funciones” o ‘‘altos emolumentos”, como argumentó la secretaria Alejandra Frausto cuando se le preguntó el motivo de los ‘‘ajustes” en la plantilla laboral de esas instancias.

En el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) se admite que concluyó la vigencia de 37 contratos de prestación de servicios profesionales y hubo la renuncia de una persona amparada por la Ley de Servicio Público de Carrera (SPC).

De las 24 personas que causaron baja en la polémica Dirección General de Bibliotecas, se detalla que 15 corresponden al esquema Capítulo 1000, una al Capítulo 3000 y que renunciaron dos de SPC, uno de base, tres sindicalizados y uno de confianza, entre otros.

En el INBAL también el área de Asuntos Jurídicos fue la que sufrió mayor recorte con 12 bajas ‘‘por terminación de vigencia de contrato”, mientras del Cencropam se fueron entre diciembre y febrero nueve ‘‘prestadores de servicios”.

El Museo Nacional de Arte es la única entidad en aceptar sus bajas, ocho, por ‘‘evaluación de desempeño”, mientras la Coordinación Nacional de Teatro admite que un prestador de servicios profesionales se fue por ‘‘altos honorarios con relación a las necesidades del servicio”, sin dar nombres.

Respecto de Radio Educación se afirma que ‘‘se tiene contemplado renovar la contratación de todos los prestadores de servicios profesionales que ofrecen sus servicios por capítulo 3000”.

En contraste, las coordinaciones de Promoción Cultural y Turismo, Relaciones Laborales y el Instituto Nacional del Derecho de Autor ‘‘no han realizado despido alguno, ni cambios en su plantilla laboral”.

La cifra global de mil 189 ‘‘desempleados” del sector cultura, con sus matices, no es fija, pues muchas personas continúan a la espera de que se autorice presupuesto para su recontratación, al tiempo que se está incorporando nuevo personal.

Ante las protestas que continúan por el desempleo generado en aras de la reingeniería administrativa del gobierno federal, la pregunta entre los que han perdido su fuente de empleo sigue en el aire: ‘‘¿a los cuántos trabajadores se puede decir que se está padeciendoun recorte masivo en el aparatogubernamental?”