l pasado fin de semana se realizó en la Ciudad de México la tercera asamblea del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) con 288 participantes entre delegados, concejales e invitados para realizar un balance de los pueblos del CNI frente a la embestida neoliberal capitalista y en consecuencia acordar los pasos a seguir.

Muy significativa fue la presencia de integrantes de diversos pueblos de Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Yucatán. Ello les permitió compartir un panorama amplio de las amenazas a sus territorios tanto por el crimen organizado, el accionar de empresas con proyectos auspiciados o avalados por el actual gobierno. Ya compartirán, si así lo consideran, la relatoría de sus trabajos y sus acuerdos. Por lo pronto destaco algunas apreciaciones personales. Se reafirmó, con numerosas evidencias, la continuidad neoliberal del periodo abierto con la apertura del mercado de tierras y las sucesivas reformas mineras y energéticas, que hoy antes que cuestionarlas constituyen el basamento de megaproyectos ya anunciados, en tiempos de la mal llamada Cuarta Transformación.

También se abordó la situación política y asedio de violencia y criminalización que se vive en las regiones caracterizadas por la manipulación de fuerzas, esas sí conservadoras, que se vistieron de Morena, hoy también usufructuarias del muy amplio respaldo electoral logrado por el Presidente de la República. Asimismo, quedó claro que la desigualdad no se abatirá con la oferta asistencialista de apoyos a diversos sectores y, sin embargo, constituye un eslabón clientelar que está operando en el imaginario de sus beneficiarios.

En la asamblea fue evidente que el asesinato de Samir Flores Soberanes es un parteaguas que ya marcó al actual gobierno, por lo que en Amilcingo, Morelos, al igual que en numerosos pueblos que no participan en el CNI-CIG, consideran una traición del Presidente de la República al tomar decisiones como la llamada consulta ciudadana sobre la termoeléctrica de Huexca, a contrapelo de su ofrecimiento de campaña que quedó grabado y ha sido reproducido en redes sociales.

En ese sentido abona incluso la oscura investigación sobre el crimen mismo de Samir, líder emblemático de oposición al Plan Integral Morelos (PIM), a quien se difamó en las primeras horas y ahora se dice que se perdió la evidencia. La reacción social inmediata de repudio al crimen en la marcha de la Ciudad de México expresa que la oposición ya no es sólo al PIM, el agravio incluye al titular del Ejecutivo. Y ese factor seguirá presente en los opositores a los otros proyectos como el Tren Maya o el Corredor Transístmico.

Muy importante y representativo fue ese encuentro del CNI-CIG, para definir sus horizontes de resistencia ­anticapitalista.

Por lo pronto, habrá que sugerir cautela a los opositores a la mina Los Cardones, en Baja California Sur, que han recibido en estas horas el ofrecimiento presidencial de que no se respalda ese proyecto y no se consultará, bajo el argumento de que no es heredado del gobierno anterior, como el del aeropuerto o el PIM y está en sus facultades rechazarlo.

El grave problema que, a mi juicio, enfrentan los pueblos indígenas es el de la continuidad en la negación y atropello de sus derechos colectivos. No es ese el horizonte de actuación gubernamental. La voluntad presidencial, en la práctica, es la que determina y para ello se ha revestido de una supuesta consulta ciudadana a la voluntad popular para pretender legitimar decisiones previas. No se trata de mandar obedeciendo, como se ha dicho, mucho menos se puede comparar ese principio con las obligaciones constitucionales de un jefe de Estado, que tendría que obedecer en primera instancia al cumplimiento de derechos.

Cien días han sido suficientes para dar cuenta de dónde están las prioridades. Nada nuevo les traerá a los pueblos la consulta que por mandato constitucional deberá realizarse a toda la ciudadanía sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-24. En el caso indígena durante 10 días, del 8 al 18 de marzo próximos, se realizarán 25 foros a los que convoca el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) dirigido a autoridades municipales indígenas; autoridades comunitarias (delegados, agentes, comisarios, jefes de tenencia, autoridades de paraje, ayudantías, entre otros); autoridades tradicionales indígenas; autoridades agrarias indígenas (comunales y ejidales); organizaciones e instituciones indígenas; organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas especializadas sobre las cuestiones indígenas, y personas interesadas en aportar recomendaciones y propuestas.

Es obvio que no son los foros de unas horas el mecanismo para consultar con base en sus formas propias, como también lo es que la agenda de los mismos no está acordada con los pueblos.