La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la presunta vinculación entre ex y actuales funcionarios del gobierno de Aguascalientes e integrantes del grupo delictivo La Oficina (parte del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva), relación que data de hace casi una década.

Durante un encuentro con la prensa, el subprocurador de Delitos Federales, Felipe de Jesús Múñoz, dio a conocer documentos con los cuales se defenderá de las imputaciones de tortura y violaciones a las garantías de detenidos que se le atribuyen en la recomendación 17VC/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Dijo que desde 2014 informó a autoridades federales de la presunta vinculación de integrantes de La Oficina con servidores públicos estatales y también con jueces.

De acuerdo con los documentos que mostró Múñoz, entre 2011 y 2014 el representante de la CNDH en Aguascalientes, Francisco Javier Valdez (quien sigue en el cargo), conoció de la realización de estudios de Protocolo de Estambul a quienes ahora acusan al subprocurador federal de haber cometido violaciones a derechos humanos, y que resultaron negativos para tortura y violaciones sexuales.

Sin embargo, a partir de 2017, un año después del cambio partidista en el gobierno y se pasó de una administración priísta a una panista, lo que se consideró una indagatoria en la que la propia CNDH había establecido que no se habían cometido atropellos contra policías y ex funcionarios de seguridad pública que estaban bajo el mando del general Rolando Eugenio Hidalgo, se transformó en una recomendación contra Múñoz Vázquez.

Anunció que ya acudió a la Barra Mexicana de Abogados a solicitar la defensa en calidad de un profesional del derecho y transparentar cuál fue mi actuación cuando fui procurador de justicia de Aguascalientes, con el objeto de ver si la CNDH se rigió conforme a derecho.