través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), el Conacyt subsidió de 2009 a 2017 a 500 grandes empresas en varios sectores, muchas de ellas trasnacionales, incluidas compañías que están entre las 10 más ricas del planeta, como Volkswagen, que recibió a fondo perdido 130 millones de pesos. Anteriormente referí los subsidios entregados a las más grandes trasnacionales semilleras, de transgénicos y comida chatarra, como Monsanto y Pepsi. (Huachicoleo científico, La Jornada, 2/2/2019, https://tinyurl.com/y5653jn4)

Ahora veremos los subsidios del PEI a la industria farmacéutica trasnacional, que al igual que las anteriores no son empresas que necesiten apoyo y tampoco sirven al interés público. La gran farmacéutica trasnacional es una industria altamente lucrativa. Las 15 mayores empresas farmacéuticas controlan aproximadamente 50 por ciento del mercado global y están entre las que tienen mayor porcentaje de ganancias a escala global.

De esas 15 trasnacionales farmacéuticas, el Conacyt apoyó, directamente o mediante subsidiarias, a ocho (Sanofi, Roche, Novartis, GlaxoSmithKline (GSK), Merck, Bayer AstraZeneca, Boheringer Ingelheim) con un total de 41 millones 126 573 pesos, equivalentes a aproximadamente 3 millones de dólares. También a otras grandes trasnacionales extranjeras, como Novo Nordisk y Takeda.

En la mayoría de esos casos el dinero fue a proyectos individuales de la propia empresa, es decir, ni siquiera en vinculación con instituciones públicas –una de las banderas de este programa para decir que se aporta conocimiento al país–, aunque muchas veces esa liga no aporta nada al interés público, sino aprovecha aún más recursos y personal de esas instituciones. La mayoría de esos proyectos fueron para estudios clínicos o para evaluar la seguridad y eficacia de medicamentos –ambos son requerimientos legales para que las empresas puedan comercializar los medicamentos–, por lo que no se trató de innovación, sino de subsidiar con dinero público actividades comerciales privadas. En el caso de estudios clínicos, habría que analizar si la colaboración con instituciones nacionales de salud fue el aporte de pacientes, léase conejillos de indias. La información pública no incluye la descripción total de proyectos.

Todas esas empresas patentan las medicinas producto de sus investigaciones alegando que tienen altos costos por éstas. Restringen así el acceso al público y las venden a precios inaccesibles para gran parte de la población, salvo que sean adquiridas por los sistemas nacionales de salud, con lo cual se subvencionan sus ganancias nuevamente. No obstante, al contrario de su propaganda, tienen un pésimo historial en innovación.

Marcia Angell, por 17 años editora de la revista científica New England Journal of Medicine, mostró en su libro La verdad acerca de la industria farmacéutica que más de las dos terceras partes de las nuevas medicinas que lanzan a los mercados no son innovaciones, sino copias de anteriores, con leves modificaciones para poder obtener una nueva patente (http://tinyurl.com/yyzhz5hl).

La industria farmacéutica no es una excepción entre las trasnacionales que han estado drenando recursos públicos con la anuencia y colaboración de anteriores autoridades del Conacyt y gobiernos, y que no han dejado nada al país. Se ha subsidiado a gigantes trasnacionales en minería, energía, construcción, informática, biotecnología, industria automotriz y aeroespacial, entre otras. Los datos están a la vista en los registros del PEI.

Este programa fue iniciado en 2009. Al mismo tiempo, se realizaron numerosos cambios a la Ley de Ciencia y Tecnología en ese año para fortalecer y garantizar la participación privilegiada e injerencia de las grandes empresas en decisiones de política pública en ciencia y tecnología, en instituciones como el Conacyt y otras. Ahora, ante los cambios para contrarrestar este asalto a los bienes públicos anunciados por la nueva dirección del Conacyt, así como una propuesta de la senadora Ana Lilia Rivera de una nueva Ley de Ciencia y Tecnología, la reacción de esos sectores no se ha hecho esperar.

Pero en lugar de que las trasnacionales defienden sus absurdos privilegios, se expresan a menudo a través de protestas de científicos, varios de los cuales son financiados o tienen acciones en empresas –algunas, incluso, se han beneficiado del PEI, como StelaGenomics (un millón 655 mil pesos), de Luis Herrera Estrella. O directamente por conducto del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que si bien formalmente reúne a instituciones públicas de investigación, tiene un claro historial de favorecer al sector privado y tiene a cuatro grandes federaciones industriales en su directiva –Confederación de Cámaras Industriales, (Concamin), Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra)–, en las cuales son miembros las trasnacionales beneficiadas por el PEI y otras políticas.

Como todas, la ley propuesta requiere discusión, ojalá de amplios sectores de la sociedad, para que realmente sirva al interés público. Será fundamental comenzar por cuestionar los viejos canales de información cooptados por la gran industria y declarar los conflictos de interés de quienes se expiden sobre ella.

* Investigadora del Grupo ETC