Decisiones tomadas por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se inició hace 90 días, han afectado la confianza de los inversionistas, aseguró ayer Standard and Poor’s (S&P) al anunciar que cambió de estable a negativa la calificación de la deuda emitida por el gobierno mexicano, con probabilidad de que sea degradada en los siguientes 12 meses. Una de esas razones, manifestó, es la modificación de políticas para reducir la participación privada en la industria energética.

La decisión fue acompañada por el anuncio de que existe una probabilidad en torno a 30 por ciento de que baje la calificación de la deuda pública mexicana, acción que, en caso de ocurrir, incrementa el costo de los intereses que paga el sector público y encarece la contratación de nuevos préstamos.

El anuncio de S&P, principal calificadora de deuda, fue hecho después de que los mercados financieros habían cerrado, por lo que no hubo una reacción inmediata en el precio de los activos denominados en pesos.

Un cambio en la perspectiva no significa que la calificación de la deuda haya sido degradada. Sólo anticipa que en una próxima revisión existe una mayor probabilidad de baja en la nota. Standard and Poor’s tiene calificada la deuda pública mexicana con el llamado grado de inversión, lo cual significa que el riesgo de incumplimiento es marginal.

La perspectiva negativa refleja que existe una probabilidad de al menos una en tres de que bajemos las calificaciones del gobierno durante el siguiente año, explicó la financiera.

El argumento de S&P para cambiar la perspectiva de calificación de la deuda pública se nutre de decisiones adoptadas por el gobierno de López Obrador, explicó la firma.

La perspectiva refleja el riesgo de que un reciente cambio en políticas dirigido a reducir la participación de la iniciativa privada en el sector energético, aunado a otros eventos que han afectado negativamente la confianza de los inversionistas, podría aumentar los pasivos contingentes del gobierno y disminuir el crecimiento económico. El consecuente debilitamiento del perfil financiero del soberano podría llevarnos a disminuir las calificaciones.

La nueva estrategia para el sector energético coloca una carga financiera adicional sobre Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual tiene un historial de débil desempeño operativo y financiero, además de afrontar limitaciones en sus capacidades técnicas, expuso la calificadora.

Pemex continúa presentando una carga fiscal elevada, incluso a pesar de un reciente cambio en su esquema tributario que mejora modestamente su flujo de efectivo, apuntó. A partir de declaraciones del propio Presidente, S&P asumió, para efectos de su análisis, que el gobierno continuará brindando respaldo financiero y de otro tipo a la petrolera mexicana.

“Así, continuamos considerando que existe una probabilidad ‘casi cierta’ de respaldo extraordinario del gobierno, por lo que igualamos la calificación de Pemex con la del gobierno.”

De esta forma, expuso, la combinación de un débil perfil financiero y la necesidad de tomar un papel más activo en el sector energético por parte de Pemex podría elevar el riesgo de mayores pasivos contingentes para el gobierno.

También hay un riesgo de que la menor inversión del sector privado genere menores previsiones de crecimiento económico, lo que debilitaría la resiliencia económica del país. Ello, a su vez, podría contribuir a un deterioro fiscal y a generar incertidumbre en el mercado financiero, lo que empeoraría el perfil financiero del soberano y nos llevaría a bajar la calificación, argumentó.

Por el contrario, recomendó, la conducción de una política económica que mantenga déficits fiscales moderados, aliente la inversión y eleva la confianza de los inversionistas fortalecería el panorama de crecimiento y contribuiría a mantener finanzas públicas estables. Esto, aunado a una contención de los potenciales pasivos contingentes de Pemex, podría evitar la erosión del perfil financiero del soberano.