En años recientes, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha emitido diversas resoluciones para que el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –hoy Agencia Nacional de Inteligencia– entregue información sobre varios temas, pero también ha confirmado algunas declaraciones de reserva de dicho organismo.

A unos días de que por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador se hagan públicos los expedientes del Cisen, una revisión hecha por este diario arrojó que el Inai ordenó en varias ocasiones que la información de esa dependencia pudiera llegar a manos de particulares que la habían solicitado.

El ejemplo más reciente de ello fue el 6 de diciembre de 2018, cuando el Inai determinó que el Cisen debía entregar la versión pública –es decir, sin incluir datos personales sensibles– de diversos informes sobre el grupo delictivo conocido como Mara Salvatrucha.

En esa ocasión, el sujeto obligado indicó que los datos requeridos por un particular acerca del tema estaban reservados por cinco años, pues de revelarse se darían herramientas a los criminales sobre las fortalezas del gobierno federal.

No obstante, el Inai determinó que la reserva no tenía razón de ser, pues en los documentos solicitados no había datos que permitieran obstaculizar las actividades de inteligencia o contrainteligencia del gobierno mexicano.

De igual forma, el 25 de octubre de 2017 el Inai instruyó al Cisen para que entregara a un ciudadano los contratos y convenios celebrados con empresas para la compra del software de espionaje Pegasus y explicara cómo funciona dicha herramienta. En un primer momento, el organismo de seguridad se había negado con el argumento de que no tenía los documentos, pero el Inai concluyó que no había hecho una búsqueda exhaustiva ni con criterios amplios.

Asimismo, el 30 de mayo de 2017, el órgano garante ordenó que el Cisen le permitiera a un ciudadano tener acceso a los documentos, fotografías, publicaciones, expedientes, videos o audios que hubieran sido desclasificados de 1990 a 2017, en modalidad de consulta directa.

Sin embargo, el Inai también permitió al Cisen no dar a conocer información. El 14 de diciembre de 2015, por ejemplo, el instituto de transparencia confirmó la reserva de 12 años que el centro declaró sobre la forma en que el gobierno contrató el software de espionaje Galileo, por considerar que ello vulneraría la seguridad nacional.