Una televisora de Hermosillo habría cometido un probable daño al erario por 40 millones de pesos, debido al manejo irregular de los fondos que le otorgó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para realizar materiales de difusión del trabajo de esa dependencia, de acuerdo con estudios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la revisión de la Cuenta Pública 2017, la entidad revisora del gasto identificó que el canal público de televisión –propiedad del gobierno de Sonora– firmó en abril de 2016 un convenio general de colaboración con la Sedatu, cuyo propósito era la elaboración del diseño y edición de material en audio, en video y gráfico de comunicación social de la dependencia.

Como ha ocurrido en diversas ocasiones en la Sedatu y en la Secretaría de Desarrollo Social –ambas cuando fueron dirigidas por Rosario Robles Berlanga–, el organismo público seleccionado para realizar el trabajo delegó la responsabilidad del mismo a varias empresas privadas, sin cerciorarse de que tuvieran la capacidad técnica y humana para ello.

Un ejemplo de lo anterior fue la compañía Publicidad Natnit SA de CV, la cual presentó diversas irregularidades al momento de ser fiscalizada por la ASF, entre ellas que su domicilio fiscal no pudo ser localizado, fue constituida menos de un año antes de recibir contratos de Televisora de Hermosillo, presentó su declaración anual de impuestos en ceros y no tenía un solo trabajador registrado ante el Seguro Social.

Esas mismas características presentaron otras empresas que también fueron subcontratadas por la Sedatu, entre ellas Servicios Myla –relacionada con Publicidad Natnit–, Grupo CITDOC, Comercializadora Becari, Stover Human, Biletat, Novac Services, Didelis y Consultoría Cadagan. Ninguna cumplía con los requisitos mínimos de registro de una empresa regular.

Debido a lo anterior, la ASF llegó a la conclusión de que Televisora de Hermosillo erogó 18 millones 335 mil pesos para pagarle a sólo dos de las mencionadas compañías (Citdoc y Natnit), sin haber presentado la documentación que acreditara sin lugar a dudas que los servicios supuestamente realizados en 2016 se hubieran realizado.

De igual forma, había generado un probable daño a la hacienda pública federal por 21 millones 664 mil pesos “por no presentar la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos públicos federales que le fueron pagados por la Sedatu.