Por unanimidad de 56 diputados presentes, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la minuta sobre la reforma constitucional en materia de extinción de dominio al ejercer, por primera vez, su facultad de erigirse en Constituyente Permanente para decidir sobre las modificaciones a la Constitución General de la República.

Con esta ratificación suman 13 las legislaturas locales que aprueban la minuta –de 17 requeridas como mínimo para la declaratoria correspondiente– y ayer mismo se presentó al pleno la del proyecto de decreto de reforma al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, de Morena, sostuvo, al fundamentar el dictamen, que la Ciudad de México, además de participar por primera vez en un proceso de reforma constitucional por conducto de su Congreso, contribuye al fortalecimiento del estado de derecho y la formación del marco jurídico en la construcción de la Cuarta República.

La reforma a los artículos 22 y 73 de la Constitución General establece el procedimiento para ejercer la extinción de dominio por conducto de los tribunales en materia civil y amplía el catálogo de delitos en los que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República podrá solicitarlo: corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, recursos de procedencia ilícita y extorsión, así como el robo de hidrocarburos.

El coordinador de la fracción perredista, Jorge Gaviño Ambriz, felicitó a los legisladores por estrenar el derecho a ser parte del Constituyente Permanente; sin embargo, advirtió que con esta reforma el Legislativo federal se metió en camisa de 11 varas, porque enfrentará la presión política para agregar más delitos a la extinción de dominio.

El panista Orlando Garrido sostuvo que el Congreso local dejó de ser un parlamento de segunda, pero lamentó que el alcance de su participación se limite a pronunciarse con un sí o un no, sin proponer modificaciones; en tanto que el priísta Guillermo Lerdo de Tejada señaló que esta reforma constitucional deberá traducirse en resultados.

Más tarde, en sesión ordinaria, el presidente de la mesa directiva, el petista Jesús Martín del Campo, presentó al pleno la minuta que envió la Cámara de Diputados de reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, que amplía el catálogo de delitos por los que el juez deberá ordenar dicha medida cautelar.

Las conductas adicionados al artículo son abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, delitos en materia de armas de fuego para uso exclusivo de las fuerzas armadas, corrupción, en su modalidad de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; uso de programas sociales con fines electorales; robo a casa habitación, a transporte de carga y de hidrocarburos, así como desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

A partir de ayer se abrió un periodo de cinco días para que los diputados examinen el decreto de reforma a la Constitución y cumplido el plazo se convocará a la sesión correspondiente.