Las termoeléctricas que promueve el gobierno en Huexca, Morelos, forman parte de un proyecto de muerte que generaría consecuencias nefastas para la tierra y el agua de las comunidades de tres estados, y que pretende ser impuesto mediante consultas que no cumplen con las normas internacionales.

Así lo advirtieron organizaciones civiles, así como periodistas, intelectuales, artistas y académicos mexicanos y extranjeros a título personal, quienes lamentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté faltando a la promesa hecha en campaña de frenar las mencionadas termoeléctricas, que forman parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).

En una carta –signada por más de 80 personas, entre ellas Pablo González Casanova, Juan Villoro, Gilberto López y Rivas y Raúl Zibechi–, los firmantes advirtieron que las dos termoeléctricas, el gasoducto y el acueducto que incluye el PIM son iniciativas que ponen en peligro la estabilidad ambiental y social de tres entidades del centro de la República.

No sólo está en riesgo el agua de la región, en particular de ríos, mantos acuíferos y pozos de los que se extraerán millones de litros diarios para la termoeléctrica, sino que, además, el gasoducto cruza por zona de riesgo volcánico. Por este y otros motivos, los pueblos de la zona han denominado al PIM proyecto de muerte, enfatizaron.

Además, “nos resulta igual de preocupante que estos proyectos intenten imponerse bajo ‘consultas’ que no cumplen con la normativa nacional e internacional, y que [...] se estén convirtiendo en el modelo a seguir para otros proyectos de despojo, como el Tren Maya y el Corredor Transístmico”.

Dichas consultas –añadieron los firmantes– tendrán que ser previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe. Cualquier ejercicio que se aleje del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del que México es firmante, será una simulación.

Octavio Rosas Landa, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayó que el PIM ya ha tenido un impacto negativo por donde pasan sus obras, como el que a los lugareños les ofrezcan cantidades ínfimas por sus tierras (35 mil pesos por un permiso de 30 años) o se les intimide y agreda para que acepten el trato.

El experto en temas de agua y megaproyectos señaló que las únicas beneficiarias del PIM serían las compañías europeas que recibieron los contratos de construcción –como la española Endesa y la italiana Bonatti–, cuyos responsables incluso modificaron un mapa de riesgo hecho por el Instituto de Geofísica de la UNAM para simular que las obras pueden realizarse sin peligro.

Consideró que la prisa del actual gobierno por terminar con las termoeléctricas puede deberse al temor de que las empresas concesionarias demanden al gobierno mexicano si las obras se cancelan, pero estimó que la prioridad debe ser el respeto a las garantías de los pueblos afectados.