Guadalajara, Jal., Diputados locales avalaron reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con ello abrieron el camino para colocar brazaletes electrónicos que vigilen a los agresores de mujeres que hayan incumplido una orden de protección.

El monitoreo electrónico por medio de GPS instalados en los dispositivos, será pagado por los propios agresores, según el resultado de la reforma, pero también deja abierta la puerta –por el alto costo de los brazaletes– al uso de otros sistemas de geolocalización.

También establece que el uso de monitoreo electrónico es una alternativa a la prisión preventiva y que se deberá preservar en todo momento los principios de presunción de inocencia y de mínima intervención.

Entre las reformas aprobadas están la de extender las órdenes de protección, preventivas y de emergencia, hasta que la víctima deje de estar en riesgo; también la creación de unidades móviles de protección en los municipios con declaratoria de alerta de género.

Se trató de un bloque aprobado por el Congreso del Estado con políticas públicas en favor de las mujeres, como proteger la reubicación laboral o educativa de la víctima cuando existe acoso y que se respeten los espacios de las mujeres con cargos de elección popular.

También realizar con instancias públicas y privadas convenios de cooperación y coordinación; que se promueva la creación de una área especializada conjunta de las policías investigadoras, estatal y municipal, en materia de violencia contra las mujeres que conozca, opere y atienda intervención en casos de violencia, mecanismo y acciones de reacción inmediata y protección a la víctima, entre otros.

Las reformas y adiciones legales aprobadas se dan en el contexto de la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres tras la aprobación de un decreto enviado al Congreso por el gobernador Enrique Alfaro, lo que ha generado numerosas protestas y la solicitud de 12 amparos para revertir la decisión.