Bajo el mando de Rosario Robles Berlanga, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) habría sido causante de daños al erario por más de 2 mil millones de pesos en el ejercicio 2017, por haber cometido diversas irregularidades, entre ellas utilizar recursos de aquel año para solventar proyectos de 2016.

De igual forma, la mencionada dependencia liquidó adeudos con proveedores y pagó indemnizaciones por la expropiación de terrenos con recursos que no estaban dirigidos a esos fines, sin el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y sin tener la documentación probatoria de que las mencionadas tareas realmente se llevaron a cabo, indicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Como parte de la tercera entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2017, el ente revisor del gasto público documentó que la Sedatu usó recursos del presupuesto del ejercicio de ese año para pagar compromisos de 2016, sin que se registraran debidamente ante la SHCP como adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

Por ese pago indebido, que se realizó mediante 26 delegaciones de la Sedatu en las entidades federativas, la ASF presume un daño al erario por mil 173 millones de pesos. Dichos recursos, además, no se encuentran debidamente acreditados con la documentación comprobatoria correspondiente.

De igual forma se identificó que la Sedatu habría generado un quebranto al erario por 596 millones 641 mil pesos por haber pagado a diversos proveedores de su Programa de Infraestructura, nuevamente sin tener la documentación para comprobarlo y sin cumplir con las reglas de operación del mencionado esquema.

Otro ejemplo de los malos manejos e irregularidades cometidos por el equipo de Rosario Robles es el ejercicio indebido de recursos para cubrir gastos relacionados con indemnizaciones por expropiación de predios. Tampoco en este rubro se tienen evidencias documentales para acreditar los gastos, lo que da indicios de un probable daño a la hacienda pública por 178 millones de pesos más.

En ese mismo sentido, la ASF advirtió que la Sedatu entregó 35 millones 800 mil pesos a un proveedor que no estaba acreditado, en relación con un servicio en materia de comunicación, y que no justificó la inclusión de ese servicio en su plan de medios de 2017.

Por otra parte, la dependencia erogó 50 millones de pesos para adquirir un predio rústico y uno urbano en el estado de Nayarit, que están involucrados en un juicio de amparo, por lo que cualquier operación de compra resulta improcedente.