La desaparecida Secretaría de Agricultura (Sagarpa, hoy Sader) cometió en 2017 diversas fallas y manejos irregulares en su programa de fomento Componente investigación, innovación y desarrollo tecnológico agrícola, que habrían generado probables daños patrimoniales por más de 574 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En el análisis de la Cuenta Pública 2017, la entidad revisora indicó que entre las faltas cometidas por los encargados de dicho programa se cuentan la ausencia de documentación para acreditar el buen uso de los recursos que se le asignaron y el otorgamiento de dinero a beneficiarios que no tendrían que haberlos recibido y por montos superiores a los establecidos en las reglas de operación.

Al detallar los resultados de la auditoría forense 1594-DE –una de las cinco que se le practicaron a la Sagarpa el año antepasado– la ASF indicó que los responsables de ejecutar el programa ejercieron y manejaron recursos públicos federales de manera discrecional y con opacidad, ya que de forma reiterada no presentaron documentación para comprobar cómo y en qué utilizaron el presupuesto que se les otorgó, ni tampoco rindieron cuentas de los remanentes que no fueron ejercidos. Como resultado de lo anterior, se presumen daños a la Hacienda Pública por 209 millones 841 mil pesos, que se suman a otros 2 millones 600 mil por haber dispersado los recursos a través de un fideicomiso sin vigilar dicha tarea, y a 28 millones más por otorgar recursos de manera indebida a cuatro beneficiarios, quienes sin causa justificada recibieron cantidades superiores a las autorizadas por el comité técnico del programa.

Otro ejemplo de las irregularidades cometidas es que diversos beneficiarios de este esquema presentaron comprobantes de facturación electrónica para acreditar el pago y ejercicio de los recursos, pero dichos formatos fueron cancelados. Tan sólo por este aspecto, hubo un probable daño patrimonial por 73 millones 269 mil pesos.