l presidente López Obrador anunció que pronto se abrirán los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la Policía Judicial Federal (PJF) y por supuesto los del recientemente rebautizado Centro de Inteligencia Nacional. Dijo: Adelanto algo, se van abrir los archivos secretos, todos, no va haber limitación, estoy por firmar el decreto
. Los correspondientes a las fuerzas armadas no se mencionaron. Ha pasado un mes, quizá se arrepintió.
Surgen algunas inquietudes al conocerse el anuncio. Ninguna de ellas es en contra del derecho de acceso a la información. La que surge en primer lugar es la vulnerabilidad a que se expone a personas que aparecerán coyunturalmente en los documentos. Aquellas que no fueron objeto de ninguna investigación legal o no, pero que aparecerán en los informes. Ese derecho a la privacidad sería violado.
Otra reflexión es que los documentos originados por la DFS están desde hace muchos años en el Archivo General de la Nación (AGN), después de haber sido rescatados del edificio arruinado por los sismos de 1985 que albergó por décadas a las oficinas centrales. El fondo archivístico correspondiente es frecuentemente consultado por historiadores, periodistas y el público interesado. Los archivos de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, que desapareció al crearse el Cisen, se consolidaron con los de la DFS y sufrieron igual destino.
Los archivos de la PJF deberían estar bajo control de la hoy Fiscalía General de la República. No creo que existan, de encontrarse sorprenderá su contenido. Sus partes originales sustantivas, las que auxiliaron al Ministerio Público en sus diligencias, están en los expedientes procesales correspondientes. De haber un archivo propio de la PJF, este contendrá verdadera basura y desde el punto de vista de los derechos humanos es delicado porque al exponerlos se violarían garantías de personas que sólo casualmente estuvieron relacionadas con alguna diligencia.
Agréguese a esa realidad el que muchas de esas averiguaciones fueron hechas sin técnica ni ética, frecuentemente bajo tortura para inventar actos delictivos o desviar pesquisas. Recuérdese el caso de la vidente Francisca Zetina, La Paca, en el supuesto homicidio del diputado Manuel Muñoz Rocha, y peor aún, indagaciones hechas como servicios remunerados por particulares. Esa es una posibilidad real. ¡Peligroso!
Los archivos del Cisen están digitalizados, así se impuso desde 1989 con el advenimiento de las nuevas tecnologías. En ese mismo tiempo, la explosión técnica de medios de comunicación hizo que las fuentes abiertas de información se hicieran muy productivas, derivándose de ello que los reprobables métodos de investigación como el seguimiento físico de personas se abandonaran y las intervenciones a medios de comunicación, principalmente telefónicos, se condicionaran a la ley. Hoy las intervenciones las autoriza un juez.
Para destruir lo logrado, el gobierno de Peña Nieto mediante una regresión, transformó al Cisen de ser un cuerpo con preocupaciones sobre seguridad nacional, a uno con vocación de comisaría y otras serias desviaciones como la persecución de oponentes al gobierno, tal como lo fue el candidato Anaya, con métodos propios de lo que había sido la DFS. Seguramente eso es lo que inquieta al presidente López Obrador.
Lo más lamentable del cambio peñista fue que se regresó a formas y medios ilegales. El retroceso resultó de la evidente falta de cultura sobre la materia de quienes recomendaron tal desatino. Su producto fue degradar un organismo hundiéndolo en una ambigüedad de funciones e ilegalidades.
Importa destacar otra realidad: los sistemas de inteligencia estratégica de países de alto desarrollo cada vez se ocupan más de ser auxiliares de la procuración de justicia, pero lo están haciendo con conocimiento, eficacia y legalidad. Aquí se dio como un intento fallido y peligroso de EPN.
Un producto derivado de la decisión presidencial de abrir los archivos vacíos sería la sorpresa sobre la pobreza y primitivismo de sus contenidos y ver que muchos se produjeron teniéndolo a él como objetivo durante sus correrías en Tabasco y Chiapas, cuando era secretario de Gobernación uno de sus colaboradores estrella.
El gobierno podría aprovechar el ímpetu del momento para crear lo que se necesita: Un centro de inteligencia criminal, pero también, y por encima en la escala de valores nacionales a preservar y promover, un centro de inteligencia para la seguridad nacional.
Las realidades del mundo se ajustan y desajustan a velocidades sorprendentes. Más sorprendente es que México haya renunciado a poseer un mecanismo integrador de inteligencia con capacidad de conjuntar la originada en diversos sectores y producir conclusiones finales para satisfacer las necesidades y expectativas del gobierno en sus decisiones para preservar y promover los grandes intereses nacionales.
