n una conferencia mañanera de prensa, que fue interrumpida por una insólita alarma sísmica en falso (circunscrita de manera extraña al salón donde se desarrollaba la reunión con periodistas), el presidente López Obrador batallaba para precisar su postura respecto al modelo de Guardia Nacional (GN) que minutos después habría de ser aprobado por unanimidad por los representantes de todos los partidos en el Senado, mismos que luego darían a ese acuerdo la formalidad procesal en la correspondiente cámara.

El presidente de la República había buscado, más que un cheque en blanco, un cheque en verde olivo para enfrentar la creciente incidencia criminal en todo el país: una irrupción de las fuerzas militares sin contrapesos reales y sin mayor vigilancia y castigo que la propia voluntad, ciertamente imperiosa, del titular del Poder Ejecutivo federal. En la Mañanera de ayer, la más larga del historial, AMLO dejaba ver objeciones sustanciales al acuerdo senatorial que ya estaba plenamente procesado, redactado y listo para darse a conocer en público, e incluso hizo advertencias de pelea política y de denuncias de presuntas motivaciones de los opositores al modelo de Guardia Nacional que él deseaba.

El saldo de la primera batalla (muy importante, pero no definitiva en automático, pues falta la aduana de San Lázaro, plenamente controlada por el morenismo y sus aliados hasta el nivel, ahí sí, de mayoría calificada) no parece favorable para López Obrador y sí para dos partidos en actual situación anémica, el Revolucionario Institucional y el de Acción Nacional. Desde la minoría (o, aún peor: desde una minoría que parecería grotesca e ineficaz, a la luz de los tamaños que llegaron a tener), priístas y panistas lograron doblegar la propuesta de la avasallante mayoría de Morena y sus varios aliados que, sin embargo, no ajustaba para la mayoría senatorial calificada que una reforma constitucional requiere.

Los priístas (con un juego de buenos y malos: los gobernadores apoyando el proyecto obradorista de GN y los senadores objetándolo, con Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de gobernación de la escuálida bancada tricolor) y los panistas (con el coordinador de senadores, Mauricio Kuri, tratando de reflotar el blanco y azul) obligaron a establecer un mando civil y no militar, degradaron el intento de crear una junta de jefes militares, forzaron un compromiso de temporalidad de los militares en las calles (cinco años, se ha dicho) e impusieron una normatividad muy detallada de lo que puede y debe hacer la GN.

Sin embargo, y a pesar de esta primera lectura, el ganador a mediano y largo plazo podría ser el presidente López Obrador. Logró un gran paso en la colocación de las fuerzas militares en situación constitucional de mayúscula injerencia en tareas civiles y no pagará ningún costo porque esa colocación, por acotada que se vea en la letra legal, fue gozosamente asumida por sus adversarios. Y, si no le gana el ánimo guerrero extremo, puede mostrarse tolerante y comprensivo.

Además, ayer él mismo se preguntó si la oposición quería que fracasaran los planes de Palacio Nacional para recuperar la paz en todo el país. Así que las reformas constitucionales que no hayan sido como él las pretendía podrían servir como material básico para posteriores justificaciones si las metas no se alcanzan, con villanos predeterminados desde ahora.

Por otra parte, aunque parezca irónico, la reinstalación del poder de las minorías, de las bisagras definitorias en procesos legislativos, puede ayudar a López Obrador a atemperar las tentaciones del mayoriteo implacable y a replantear rutas y fases. Falta ver, desde luego, lo que en San Lázaro defina la mayoría calificada que ya tienen Morena y sus aliados recientes y muy recientes. Por lo pronto, y aun cuando en México la letra legal no significa obligatoriamente su cumplimiento práctico, ayer fueron desmontados los más preocupantes riesgos de militarización que se pretendían consagrar desde la Constitución reformada.

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