El diputado de Morena Carlos Hernández Mirón denunció que la última legislatura de la Asamblea Legislativa (ALDF) pretendió hacer rehén al Congreso de la Ciudad de México de un negocio particular con el sistema de votación, que exige el pago de 8 millones de pesos para dejar el programa.

Lo anterior, durante una discusión en el pleno, en la que diputados de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional reclamaron al presidente de la mesa directiva, el diputado petista Jesús Martín del Campo, por no estar funcionando dicho sistema, con lo que el pase de lista y las votaciones de dictámenes y propuestas se están tomando de viva voz.

Mirón advirtió que la extinta ALDF no solamente contrató con esa empresa la instalación del sistema, sino que administra los reportes de registros de asistencias y votaciones y le pagaba cada año pólizas para su mantenimiento.

¿Por qué no tenemos un sistema de votación el día de hoy? Porque el Congreso de la Ciudad de México no puede ser rehén de un particular que hizo un contrato con la anterior legislatura, y que hoy pide a la diputación local dé 8 millones de pesos para que nos dejen el programa, respondió el legislador a los cuestionamientos de panistas y perredistas. Agregó en entrevista que se debe revisar en qué condiciones se otorgaron dichos contratos.

En los archivos históricos de la sexta legislatura de la ALDF aparece el contrato para la adquisición de la licencia de aplicación, administración y registro de votos de la Asamblea Legislativa con la empresa Eo Techne, en los que firma Irving Omar Flores Ordóñez como administrador único, por un monto de un millón 980 mil pesos, más el impuesto al valor agregado (IVA), y aparecen un par de contratos más para la adquisición de pólizas de actualización, mantenimeinto preventivo y correctivo del sistema, uno de 2015 ya en la séptima Legislatura por un millón 252 mil 800 mil pesos con IVA incluido, y otro de 2016 por un millón 392 mil pesos.

En tanto, el diputado Carlos Castillo, también de Morena, presentó una iniciativa de reformas al Reglamento del Congreso para sancionar con descuentos de 20 a 100 por ciento de sus dietas a los legisladores que registren su pase de lista con retraso en sesiones del pleno y en reuniones de comisiones.