México no está preparado ni tiene condiciones idóneas para responder a los connacionales que han sido repatriados por el gobierno de Estados Unidos, según el estudio Migración de retorno y derechos sociales: barreras a la integración, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y El Colegio de México.

En la presentación del análisis, efectuada ayer, Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, indicó que en los recientes cinco años al menos 200 mil connacionales han sido retornados al país. Sólo en 2018, 10 mil 831 menores de origen mexicano fueron repatriados desde Estados Unidos, de los cuales 9 mil 586 viajaron solos.

La investigación indicó que los reportados enfrentan dificultades severas para reintegrarse, pues no hay educación, trabajo, vivienda ni salud para ellos. La mayoría se ha tenido que emplear en el mercado informal.

Agrega que los estados con mayor porcentaje de migrantes en retorno son Jalisco, Baja California, Michoacán, Guanajuato, estado de México y la Ciudad de México.

Fenómeno ignorado

El estudio contiene herramientas para que las autoridades apliquen políticas públicas y legislativas sobre esa dinámica que no ha sido muy visibilizada ni cabalmente considerada por el Estado mexicano.

La atención al fenómeno migratorio de retorno es responsabilidad conjunta de estados y gobiernos, y como país debemos dar respuesta adecuada que vaya más allá de las cartillas informativas, la agilización de trámites fronterizos o el acompañamiento en el camino de regreso, indicó González Pérez.

A los mexicanos que regresan debe brindárseles el entorno económico y social con las condiciones necesarias para que sus derechos sean vigentes y en el que puedan prosperar y desarrollarse.

México, agregó, no sólo es un país de retorno para los connacionales, sino también para quienes provienen de otros países, en particular centroamericanos que han solicitado asilo a Estados Unidos y son regresados a territorio mexicano en lo que esperan el trámite. El Estado mexicano debe adoptar una definición y establecer una postura clara frente a lo que parece la aceptación implícita de una determinación unilateral del gobierno estadunidense.