En la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones totales por 68 mil 136.5 millones de pesos, de las cuales 7 mil 611 millones fueron producto de auditorías forenses, es decir, en las que ya se presume la comisión de un posible delito, y que regularmente son denunciadas ante las autoridades.

El ente revisor del gasto público indicó que en el año antepasado se realizaron 12 auditorías forenses, que se suman a otras tres derivadas de denuncias, informó el titular de dicho organismo, David Colmenares Páramo. Del total de auditorías forenses realizadas el año antepasado, cinco fueron practicadas a la Secretaría de Agricultura, una a la de Gobernación y una más a la de Desarrollo Agrario, además de una a Diconsa, tres a instituciones estatales de educación superior y una más a un medio público de televisión.

Durante la tercera y última entrega de informes individuales de 2017, en la Cámara de Diputados, el funcionario detalló que en ese año se realizaron un total de mil 675 auditorías, de las cuales mil 517 son revisiones de cumplimiento financiero, 150 de desempeño y ocho de evaluaciones de políticas públicas.

Al detallar cuáles fueron algunos de los principales hallazgos de la ASF en el mencionado periodo, Colmenares destacó que la fiscalización de la reforma energética en materia de hidrocarburos, implementada en el periodo 2013-2017, evidenció que los resultados observados no reflejan un avance en el cumplimiento de sus fines.

Un ejemplo de ello es que la inversión en el sector se redujo 59.7 por ciento en 2017, al igual que la extracción de crudo, ya que en el periodo 2013-2017, ésta disminuyó 6.2 por ciento en promedio anual.

En cuanto a la infraestructura, ésta decreció 14.6 por ciento, al pasar de 9 mil 379 pozos en 2013 a 8 mil 8 en 2017; de igual forma, destacó la disminución 13.7 por ciento de los campos de producción; 47.4 por ciento en terminales de distribución, y 18.2 por ciento en complejos.

Petroquímicos

Lo anterior provocó que la extracción de crudo en el periodo 2013-2017 disminuyera a una tasa media anual de 6.2 por ciento, al pasar de 921.6 a 711.2 millones de barriles.

En el caso de la refinación de hidrocarburos, en 2017 el Sistema Nacional de Refinación únicamente utilizó menos de la mitad promedio de la capacidad disponible de las refinerías. En lo que se refiere a la reforma educativa, el titular de la ASF dijo que a cinco años de su promulgación se habían documentado aspectos como falta de armonización de las disposiciones federales y estatales en profesionalización docente y gestión escolar.

Asimismo, hubo mecanismos de coordinación ineficientes; las plazas de ingreso y ascenso no se otorgaron siempre a quienes obtuvieron los mejores resultados en el Servicio Profesional Docente, y se encontró opacidad y discrecionalidad en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

Respecto de las estancias infantiles, indicó que la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social –hoy Secretaría del Bienestar– no acreditó que dichos espacios cumplieran con los requisitos de seguridad establecidos en las reglas de operación, ni que los responsables de las guarderías hubieran recibido capacitación en temas como protección civil.