Morena presentó ante el pleno del Senado una iniciativa para reformar el artículo 31 de la Ley General de Salud, a fin de regular el precio de medicamentos e insumos para garantizar que las personas de bajos ingresos accedan a ellos, ya que en México llegan a ser hasta tres veces más caros que en otros países de América Latina.

Las cifras lo demuestran, sostiene el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, en su propuesta de modificación. En su iniciativa refiere que el estudio The Big Pharma Proyect/la vida tiene precio muestra la discrepancia en el precio de los medicamentos en México ante países de la región.

En el caso de los medicamentos para tratar diabetes, cáncer y VIH llegan a triplicar el precio aquí. Por ejemplo, Glivec, usado para tratar el cáncer, cuesta en México 163 dólares, mientras en Perú 44 y en Colombia 69; la insulina Licpro, utilizada para diabetes, aquí cuesta 89 dólares, en Guatemala 31 y 65 en Perú, y el Lovinavir, para tratar el VIH, en México cuesta siete dólares, en Perú y Guatemala dos, y en Colombia 0.8.

Otro dato relevante, se detalla en la iniciativa, es que 80 por ciento de los retrovirales en México está en manos de un oligopolio de farmacéuticas que encarecen las terapias.

Monreal sostiene que para combatir esta realidad no sólo hace falta voluntad de los actores implicados en la cadena de suministro, sino un mecanismo eficiente, transparente e institucional que permita garantizar el acceso a medicamentos de calidad y seguros, al tiempo que sea sostenible en términos empresariales, y éste, en definitiva, es el propósito de la presente iniciativa, que plantea principios conciliadores y razonables frente a la problemática.

Monreal subraya que es necesario e inaplazable conciliar las obligaciones en materia del derecho humano a la salud con las inversiones, réditos y ganancias generales que por la producción, distribución y comercialización de fármacos se puede obtener, pues de otra forma seguirá insostenible el gasto que implica para los hogares mexicanos.

Detalla el senador que en México, aunque el mecanismo y el convenio de concertación no son públicos, los precios máximos se determinan con base en un procedimiento que considera los precios ex fábrica de los seis países de mayor venta en el mundo, y una vez ponderados bajo el criterio de unidades vendidas en el año, se obtiene un precio promedio internacional, que se usa como referencia, al cual se aplican los costos de distribución y comercialización para el caso de nuestro país. El resultado final es el precio máximo de venta al público.

Con la iniciativa, apunta, no se busca limitar el acceso de nuevos medicamentos al mercado nacional, sino promover que los mexicanos puedan tener la oportunidad de acceder a mayor cantidad de medicamentos innovadores, pero con precios asequibles y cercanos a la realidad económica del país y, sobre todo, buscar que el comportamiento de la industria farmacéutica sea transparentado y supervisado, a fin de evitar abusos comerciales en detrimento de la salud de la población.

Su propuesta es que la fijación de precios máximos de los medicamentos sea el resultado de una coordinación entre la Secretaría de Economía y de Salud con una política de precios con enfoque social.

Garantizar calidad

Mientras, Luis Adrián Quiroz, de la Red de Acceso, que integra a organizaciones que ayudan a pacientes con enfermedades, reconoció la propuesta para garantizar que las personas de bajos ingresos accedan a ellos.

Sin embargo, señaló que se requiere diferenciar el tipo de medicinas que se proponen para regular su costo y pidió priorizar la calidad en este trabajo. Expuso que hay fármacos de consumo cotidiano, como las aspirinas, antialérgicos que cuentan ya con mecanismos que los hacen más accesibles, y los de alta especialidad con precios elevados son parte de la cartera de los servicios que provee el Estado.

Reiteró la importancia de garantizar la calidad de los fármacos, pues se pueden disminuir los costos bajando su efectividad. Lo barato no necesariamente sale más económico. Preocupa porque es un tema que tendría que ir ligado a la evidencia sobre algunos fármacos y sobre todo de alta especialidad para garantizar que realmente los pacientes tengan la mejor opción terapéutica.

En el análisis, agregó, se requiere incluir la experiencia que tienen los usuarios y médicos tratantes para saber cómo vamos a hacerlo y que no se decida desde un escritorio.

Con la propuesta de Monreal también se busca que el comportamiento de la industria farmacéutica sea transparentado y supervisado. Al respecto se buscó reacción de algunas de esas empresas sin que hasta el cierre de esta edición hubiera respuesta.