El que los gobernadores entreguen patentes de notarías a familiares y amigos al final de sus gestiones se ha convertido en una práctica que ahora se trata de frenar con una reforma legislativa que obligue a instrumentar protocolos homologados en los que cada aspirante a fedatario público sea sometido a exámenes, y se eliminen los casos de abogados que cumplan estas funciones dándoles títulos como interinos, provisionales, suplentes o supernumerarios.

La propuesta presentada por la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero –hoy secretaria de Gobernación– en noviembre pasado fue bien recibida entre asociaciones de abogados; sin embargo, integrantes de colegios de notarios dijeron que entre los fedatarios hay molestia, por lo que consideran una intromisión en las decisiones que pueden asumir los Ejecutivos locales.

Sin embargo, existen registros de los años recientes en los cuales ex mandatarios estatales beneficiaron a parientes y amigos o familiares de funcionarios cercanos a los cuales les otorgaron las autorizaciones para operar notarías a unos cuantos días de concluir sus mandatos, entre ellos está lo sucedido en 2015 en Baja California Sur, cuando el entonces mandatario de extracción panista Marcos Covarrubias Villaseñor, otorgó una patente a Susana Gallo Rodríguez, hermana del entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia sin cumplir con los requisitos legales.

En esa lista de beneficiarios de patentes también fue incluido Gonzalo Hernández Lezama, cuñado del ex gobernador Marcos Covarrubias.

Por otra parte, en el ámbito federal la Procuraduría General de la República (ahora fiscalía) ha indagado a notarios públicos por diversos delitos como la falsificación de documentos.

En febrero de 2004, un notario de Sonora fue involucrado en la falsificación de documentos que habrían coadyuvado en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y en el ocultamiento de bienes producto del narcotráfico.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) indagó en 2014 a notarios públicos de Michoacán que habrían permitido que Rosa del Carmen Verduzco, conocida como Mamá Rosa, hubiera celebrado contratos para quedarse con la custodia de menores internados en el albergue.

Aunque también se han reportado casos en los cuales los notarios han sido víctimas de la delincuencia organizada. En 2014, un juez sentenció a dos integrantes de un grupo delictivo dedicada al secuestro, con operación en Tampico, Tamaulipas, que reportaban directamente a líderes del cártel del Golfo.

De acuerdo con la investigación, los sentenciados Manuel Ulises Llanas Silva y Ángel Sierra Junco, tenían amenazados a notarios de la entidad para que legalizaran los inmuebles que les eran otorgados como pago para la liberación de sus víctimas.

Hay en el país 3 mil 400 notarios registrados en el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, sin embargo, existen 700 abogados con igual número de autorizaciones para actuar como fedatarios que no forman parte de este organismo y que operan bajo las figuras de interinos, provisionales o suplentes.

En 2016, el entonces gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera, casi al término de su gestión, otorgó la patente para ejercer como notario en Huejutla, al que fuera subsecretario de Educación Media en la entidad, Rolando Durán Rocha; y Jesús Artemio Martínez Olvera, obtuvo una certificación para ejercer como adscrito en la notaría cinco de Pachuca.

También en ese año, el que fuera gobernador de Aguascalientes otorgó hacia el final de su gestión ocho patentes de notario sin cumplir con los requisitos de la ley local. El ex mandatario, Carlos Lozano de la Torre, otorgó la patente a Juan Carlos de Alba Ortega, Sergio Javier Reynoso Talamantes, Fernando González de Luna, Alejandro Bernal Ruvalcaba, Mario Luis Ruelas Olvera y José de la Mora de Ávila, hasta agosto de 2018 seguían en litigio las autorizaciones para que operaran.

En ese contexto, el proyecto de ley propuesto por la ministra en retiro Sánchez Cordero propone facultar al Congreso para expedir leyes generales que establezcan los principios y bases que armonicen y homologuen la organización y funcionamiento de las notarías en todas las entidades, estableciendo como único medio de acceso a dicha función los exámenes públicos de aspirante y oposición, como ocurre desde hace 70 años en la capital del país.