Primero se quedaron sin el negocio de la amapola. Ahora tampoco tienen casas, tierras ni animales. Su última esperanza está en la banqueta sin vallas del Palacio Nacional, donde amanecieron en sus tiendas de campaña y despliegan las mantas de sus peticiones.

Son los desplazados de la Sierra de Guerrero, echados de sus casas por grupos armados que se presentan como policías comunitarias. Han traído su protesta a la capital del país, con la esperanza de que el presidente Andrés Manuel López Obrador los escuche.

Vinieron unos 300, de los mil 600 que fueron echados de nueve comunidades del municipio Leonardo Bravo, zona brava y amapolera, tierra de larga disputa entre grupos delincuenciales.

Este caso ya lo sabe hasta Dios: quieren someter a todas las comunidades para luego hacer un acuerdo con la minera canadiense, dice Crescencio Pacheco González, ex comisario de una comunidad que lleva por nombre Campo de Aviación.

Antes, en un santiamén, ha explicado que la goma de opio, que extraen en labor meticulosa los habitantes de la sierra, dejó ya de ser negocio: con las drogas sintéticas, el precio se derrumbó de 18 mil a 7 mil el kilogramo.

La cercanía de las minas que ya explota una empresa canadiense en Mezcala y Carrizalillo alimenta la idea de los desplazados: quieren limpiar la zona para lucrar con un acuerdo con la minera.

El relato de Crescencio y otros de sus compañeros es un rosario de nombres de comunidades, municipios y grupos delincuenciales que cuentan con apoyos de arriba. Si no, argumentan, ¿cómo se explican los 3 mil elementos armados que los echaron de sus comunidades?

El avance del grupo disfrazado de policía comunitaria era cosa anunciada. Los desplazados dicen que la autoridad municipal informó lo que venía cinco días antes, alrededor del 8 de noviembre de 2018. Que el gobernador Héctor Astudillo estuvo al tanto y no sólo no hizo nada, sino que los armados avanzaron con la protección del Ejército y la policía estatal.

Frente a la ausencia de gobierno decidieron irse. Por temor, porque sabemos cómo operan esos grupos, nos iban a armar y nos iban a poner su playera a la fuerza.

Los líderes de los desplazados se juntan antes que salga el sol. Escuchan a Manuel Olivares –defensor de derechos humanos muy conocido en Guerrero– y toman acuerdos: entre ellos, no atacar al gobierno federal, porque “venimos en plan de diálogo.

Usted conoció mi casa, dice Crescencio, en referencia a una visita del reportero a la zona hace tres años. Una casita humilde, pero importante para mí, de la que ya no queda nada, la tiene un grupo armado, la usan de casa de seguridad.

Otros desplazados se forman en la fila para contar sus tragedias personales. A Roberto Medina, cincuentón, comerciante de frutas, lo levantaron, le quemaron su camioneta y lo torturaron. “No eran comunitarios, eran sicarios, como 50, todos con R-15 y cuernos de chivo”.

Bartolo Hernández dejó en Chilpancingo a su mujer enferma. Vino a pedirle a López Obrador que cumpla sus promesas de campaña: Le vengo a pedir gobierno que retire toda esa sabandija que llegó, dice, y comienzan las lágrimas, porque los armados se llevaron a su hijo Gilberto, de 18 años. Quiere algo del Presidente: Que exija a esos cabrones que me lo entreguen, aunque sea sus restos.

Otros desplazados completan el cuadro del despojo: les robaron todo, varillas y herrería de casas que estaban construyendo, herramientas de los talleres mecánicos y toda la mercancía de las tienditas.

A los desplazados de Leonardo Bravo se sumaron los de Zitlala, en las cercanías de Chilapa. Dieciocho familias, 72 personas en total, que caminaron una noche y un día enteros, el 4 de noviembre pasado, para huir de los armados.

Habla por ellos Víctor Erasmo, indígena nahua, quien perdió todo su patrimonio para no correr la suerte de tres de sus vecinos que fueron torturados y hasta ahora no aparecen: Pedro Ojeda y su hijo Javier, y Víctor Hernández, cuñado del primero.

A diferencia de los otros desplazados, las familias de Zitlala ya no quieren regresar a su comunidad: Si volvemos, de seguro nos matan. Sólo quieren ser reubicados en un lugar donde puedan seguir con su actividad, que es tejer palma para sombreros.

El cuadro lo completan un ex policía capitalino con una demanda laboral, militares en retiro que piden ayuda con sus pensiones y que el Presidente no se rodee de generales lambiscones y artesanos triquis que quieren un lugar para vender en la vía pública y que acusan en sus mantas: Cuarta Degeneración.

Muchas mantas y consignas han corrido desde el triunfo electoral de López Obrador y desde aquella primera protesta de pescadores de Sinaloa que llegó a la casa de transición de la colonia Roma.

Ahora están los desplazados y la fila de ciudadanos, unos 450 que cada día llegan a la oficina de Atención Ciudadana, la misma que con Enrique Peña Nieto atendía, aquí y en Los Pinos, 30 personas diarias.

Los ciudadanos llegan con las más variadas peticiones, no a buscar la respuesta de la secretaría fulana o zutana, sino la atención directa del licenciado López Obrador. Casi frente a la puerta hay un negocio que anuncia lluvia de bolsas, mochilas, mariconeras, perfumes y fragancias. El dueño de ese negocio lo es también de un santo, coronado de globos, que recibe a los peticionarios. Es, naturalmente, San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles y desesperadas.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ofreció atender a los desplazados, pero al menos este martes San Judas no hizo el milagro.