yer se cumplieron 13 años de la explosión en la que colapsaron varios túneles de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, incidente que causó la muerte de 65 obreros y heridas a 13 más. La tragedia de la minera es, junto a otros episodios como la masacre de Acteal, la sanguinaria ocupación de Atenco, el incendio de la guardería ABC y la desaparición de 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, uno de los agravios nacionales que dejaron los gobiernos del periodo neoliberal, ya fuera por participación directa del Estado en acciones delictivas o por omisiones criminales en su manejo posterior y en la falta de voluntad para esclarecerlos. Los sucesos referidos tienen además como denominador común el haber sido tragedias anunciadas, en las cuales hubo denuncias previas que, de haber sido atendidas, habrían evitado el sufrimiento de las víctimas y sus seres queridos.
Tras el accidente en la explotación carbonífera de Grupo México, surgió información que dejó al descubierto la existencia de una negligencia criminal por parte de la empresa y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entonces encabezada por Francisco Javier Salazar, toda vez que Grupo México omitió observar las medidas de seguridad establecidas por la dependencia federal, y ésta se abstuvo de tomar las acciones pertinentes para hacer valer la reglamentación. Lejos de esclarecer las responsabilidades de autoridades y directivos del corporativo, los gobiernos de Vicente Fox y sus sucesores, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, desviaron la responsabilidad al emprender la persecución judicial contra el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderurgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia, así como una campaña para criminalizar a la organización gremial y su dirigencia.
Pasado tanto tiempo, subsisten dos agravios que deben ser corregidos: el primero, la búsqueda y rescate de los cuerpos de 63 de los 65 mineros fallecidos dentro del socavón.
Debe recordarse que, desde un principio, tanto el gobierno federal como Grupo México pusieron toda clase de trabas al rescate, uno de los reclamos más sensibles de los deudos. En esta política de negación del más elemental gesto humanitario hacia los deudos también jugaron un papel clave Felipe Calderón y su primer secretario del Trabajo, Javier Lozano.
El segundo agravio es justamente la carencia de una investigación en forma para establecer las responsabilidades gubernamentales y empresariales que llevaron a la tragedia y que continuaron en forma de hostigamiento sistemático contra quienes exigieron justicia. Se trata de una cuestión crucial: sólo una investigación creíble en torno a los acontecimientos previos y posteriores a la tragedia puede establecer la culpabilidad o la inocencia de los actores señalados, mientras que su ausencia reforzaría la percepción social de impunidad y encubrimiento, escenario injusto para todas las partes.
En este contexto, cabe saludar el viraje del nuevo gobierno en el tratamiento del tema, un cambio de actitud manifiesto tanto en la reunión del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, con las familias de los trabajadores, como en el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a que se explorará la viabilidad de rescatar los cuerpos aún atrapados.
Sin embargo, tal voluntad debe complementarse con la resolución de dos pendientes: de un lado, hacer justicia tanto para esclarecer como para sentar un precedente que prevenga nuevas tragedias de este tipo y, de otro, implementar una vigorosa política de fortalecimiento y reglamentación de la seguridad industrial que salvaguarde las condiciones de trabajo de cientos de miles de trabajadores que laboran en entornos de riesgo.
