A 13 años de la tragedia por la explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, operada por el consorcio empresarial Grupo México, las familias de los trabajadores que perdieron la vida y cuyos restos siguen bajo los escombros, ven por fin un halo de esperanza para rescatarlos y obtener la verdad y la justicia.

Ayer, los deudos de los 65 mineros fallecidos (de los que sólo dos fueron rescatados) se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien se comprometió a instalar una mesa de trabajo para construir una ruta con el fin de rescatar los restos de los 63 mineros que aún permanecen sepultados en lugar.

Cristina Auerbach, de la Organización Familia Pasta de Conchos, indicó que esto representa un avance para los deudos que han mantenido una larga lucha y una terrible espera de 13 años, donde en tres administraciones federales distintas (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), de dos partidos políticos (PAN y PRI), no se respondió a sus principales demandas: el rescate de los cuerpos, acceso a la verdad y la justicia y sanción a los responsables.

Tras la reunión, el subsecretario Encinas informó en su blog personal que a 13 años de la tragedia –que se cumplen este 19 de febrero– el Estado mexicano manifestó su colaboración y solidaridad con los familiares. Cuentan con todo mi apoyo, personal e institucional, lo he hecho desde el principio y a lo largo de estos años, por lo que convocaré a la instalación de una mesa de trabajo en la que participarán las secretarías de Economía, Relaciones Exteriores y de Trabajo para encontrar el mecanismo que permita gestionar la reparación.

A su vez, representantes de las víctimas ofrecieron una entrevista con varios medios de comunicación en la que afirmaron que si bien el compromiso de Encinas es una buena señal, no hay un cheque en blanco para la administración de Andrés Manuel López Obrador. La disposición para una salida amistosa se dará sólo si se empieza con la recuperación de los restos, de lo contrario no será viable esa opción. Y es que, dijeron, este rescate representa que se puedan alcanzar la verdad y la justicia y con ello sancionar a los responsables.

Enlistaron a algunas personas que pudieron evitar la explosión y que posteriormente incurrieron en encubrimientos: Grupo México, el ex titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano; ex procuradores de justicia, los ex mandatarios estatales Humberto y Rubén Moreira y el Sindicato Minero, por citar algunos.

Dijeron que desde el año 2000 se demostró técnicamente que la mina no estaba en condiciones para permanecer en operaciones y aún así la empresa, con el apoyo de autoridades, siguió su explotación, lo que generó la tragedia aquel 19 de febrero de 2006.

Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recordó que en 2010 un total de 58 familias interpusieron un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ese organismo analizara el caso ante la falta de justicia en existente en el país. Agregó que el compromiso de Encinas no detiene el proceso a nivel internacional.