De 2009 a 2018 el gobierno federal destinó más de 35 mil millones de pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la ejecución del Programa de Apoyo a la Seguridad Pública, que tiene como objetivo la participación de militares en tareas de patrullaje, disuasión y prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y capacitación de policías municipales, estatales y federales. Este año los 3 mil 511 millones que se presupuestaron para este proyecto servirán para el desarrollo y equipamiento de la Guardia Nacional, en caso de que el Congreso apruebe su creación.

Registros de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Sedena refieren que desde el sexenio de Felipe Calderón y durante la administración de Enrique Peña Nieto, se impulsó la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, lo que implicó que de 2007 a 2013 el número de efectivos involucrados en estas labores pasaran, en promedio, de 45 mil a 76 mil para lograr un México en paz, aunque los índices delictivos han crecido y las corporaciones locales se consideran ineficaces, mal preparadas e infiltradas por grupos delictivos.

La participación de militares en tareas de seguridad pública se incrementó durante el gobierno de Felipe Calderón, y en ese contexto, de acuerdo con datos de la ASF, en el periodo 2007-2012 la Sedena estableció dos estrategias en su programa sectorial relacionadas con el desarrollo de las actividades policiales.

En 2013 puso en marcha igual dos estrategias, una de ellas encaminada a mejorar la organización, infraestructura tecnológica y capacitación de recursos humanos; la segunda, mejorar la coordinación interinstitucional.

En ese periodo la Sedena realizó operativos en las 32 entidades federativas, es decir, este tipo de acciones aumentaron 372 por ciento –señala la ASF–, al pasar de 11 en 2007 a 52 en 2013. El número de elementos desplegados mensualmente también creció 69.9 por ciento, al pasar de 45 mil 85 a 76 mil 613 en el mismo lapso.

En esos años (2008 a 2013), de acuerdo con los registros de la SHCP y de la Cámara de Diputados, aumentaron los recursos de 2 mil 169 millones 679 mil pesos a 3 mil 445 millones 740 mil.

Para 2014 el Congreso autorizó a la Sedena 2 mil 811 millones 277 mil pesos, pero fueron insuficientes y se solicitó una ampliación presupuestal para el proyecto, hasta concluir en ese año con un gasto reportado por 3 mil 781 millones para el Programa de Apoyo a la Seguridad Pública.

Los recursos, según la ASF, fueron para atender las solicitudes de apoyo en funciones de seguridad pública y adiestrar al personal de la Policía Militar y las fuerzas especiales, para lograr un México en paz. En ese año, los registros indican que la institución militar desplegó 267 bases de operaciones mixtas en 26 estados del país, y con esos recursos se llevaron a cabo operaciones de apoyo en Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Michoacán, primordialmente.

En cuanto a capacitación, en ese año la Sedena entrenó a 8 mil 426 elementos de seguridad pública, pero solamente mil 450 eran policías municipales, estatales y ministeriales de Tabasco, Tamaulipas, Guanajuato y Oaxaca; 2 mil 416 pertenecían a corporaciones de Michoacán, estado de México y Guerrero, y el resto formaban parte de la Policía Federal, del Servicio de Protección Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

Ahora que está a discusión la creación de la Guardia Nacional y se ha cuestionado la integración de la Policía Militar a este cuerpo, los registros refieren que desde ese año se incrementó el personal de esa corporación de vigilancia para contar con elementos suficientes para desarrollar labores de seguridad pública.

Aunque durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto se mencionó la realización de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y corporaciones locales, datos de la Sedena proporcionados en respuesta a una solicitud de información pública revelan que este tipo de acciones se llevaron a cabo del primero de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012 y solamente ha prevalecido la llamada Operación Michoacán, en la que participa un promedio mensual de 419 elementos.

Desde el primero de diciembre de 2012, cuando dio inicio el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Sedena ya no realizó más operaciones conjuntas y continuó en labores de seguridad pública de manera individual a solicitud de las entidades federativas. Entre otras, concluyeron las acciones en Tijuana (una de las ciudades en las que en esta administración se han puesto en marcha nuevas acciones por la alta criminalidad).

Durante la gestión de Enrique Peña Nieto, se destinaron, en 2015, 3 mil 426 millones de pesos; en 2016, 3 mi 643 millones; en 2017, 3 mil 145 millones, y en 2018, 3 mil 279 millones.

Como ejemplo de las actividades que la Sedena realiza actualmente en la materia, se encuentran la Operación Culiacán-Navolato-Guamúchil, desde el 28 de junio de 2016 a la fecha, con 494 efectivos, y la Operación Mando Especial Laguna, que abarca la ciudad de Torreón, Coahuila, y el estado de Durango, desde el primero de mayo de 2014, con la participación promedio de 200 efectivos mensualmente.