Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), negó tener conflictos de interés como señaló el gobierno de México la mañana del viernes e indicó que se mantendrá en el cargo que ocupa actualmente.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que desde 2016, año en que asumió el puesto, hizo su declaración de intereses, documento que se encuentra en el portal de la Secretaría de la Función Pública para ser consultado.

Indicó que la declaración de intereses se incluyó en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas con el fin de identificar la relación de los funcionarios con empresas de su sector.

Agregó que en el documento se puede verificar que un hermano de su esposa trabaja en una empresa proveedora de la industria eléctrica eólica, la cual no es regulada por la CRE, por lo cual las decisiones del órgano no pueden tener ningún tipo de injerencia hacia la misma.

Señaló que también quedó asentado que un primo hermano de su cónyuge trabaja en una compañía que sí cuenta con un permiso de la CRE, pero acotó que ese documento fue otorgado antes de que él fuera designado comisionado por el Senado.

García Alcocer comentó que se ha excusado de conocer y votar los asuntos relativos a esta empresa, de conformidad con la ley, por lo que no ha incurrido en ningún conflicto de interés.

Remarcó que durante los 24 años que ha sido servidor público ha presentado en tiempo y forma sus declaraciones de impuestos, patrimonial y de intereses.

Al defender al órgano regulador que ha sido acusado de ser un intermediario de empresas, el comisionado presidente indicó que la CRE es una institución colegiada en la que un comisionado por sí mismo no puede tomar una decisión.

El funcionario recordó que la CRE transmite en vivo y por Internet las sesiones en las que se conceden los permisos y se dan a conocer resoluciones, mientras las audiencias con permisionarias son grabadas. Asimismo, los trámites de la CRE se realizan por medios digitales a través de la oficialía de partes electrónica para evitar el riesgo de corrupción, entre otras medidas.

También resaltó que la CRE mantiene una política de austeridad institucional mediante la cual se ha eliminado el pago de teléfono celular, pago de comidas y la asignación de vehículos a funcionarios, entre otras acciones.

Reiteró que la CRE es el árbitro del juego en materia energética y vela por el interés público, no el de los particulares. En ese sentido, dijo que entre 2017 y 2018 la CRE impuso 62 sanciones por 191 millones de pesos, mientras sólo en el último año se presentaron un total de 698 juicios de amparo en contra de las resoluciones emitidas.

García Alcocer reconoció que en algunos temas no ha habido empatía con el gobierno federal, pero reiteró que no criticó las ternas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y exhortó a que se reanuden las subastas de energía eléctrica. Necesitamos forzosamente de la inversión privada para complementar los esfuerzos importantes que se están haciendo en la Comisión Federal de Electricidad.