La Unidad de Investigación de Delitos Cometidos con Perspectiva de Género, creada para atender agresiones a mujeres en las inmediaciones y dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, no será una medida eficaz si no se cuenta con personal especializado con conocimiento del marco jurídico en la materia, así como con indicadores de cumplimiento, advirtió Iris Rocío Santillán Ramírez, profesora e investigadora de la UAM Azcapotzalco, así como integrante del grupo de trabajo para atender la solicitud de alerta de violencia de género en Ciudad de México en 2017.

Explicó que al no investigar con perspectiva de género en procuración de justicia y el desconocimiento de jueces, así como la falta de efectividad en las medidas de protección, generan una barrera que impide a las víctimas tener acceso efectivo a un proceso justo.

Al participar en un foro sobre violencia de género organizado por el Congreso capitalino y la Asociación Equidad de Género, Santillán dijo que en la investigación que realizó ese grupo de trabajo para elaborar el informe correspondiente, detectaron que por acoso sexual solamente se judicializó en 2017 un solo caso, y al hacer dicha observación tanto a la Procuraduría General de Justicia capitalina como al Tribunal Superior, el año pasado la cifra de expedientes que llegaron a juzgados sólo fue de cuatro.

En entrevista, explicó que dentro de las conclusiones del informe para atender la solicitud de alerta en la ciudad, que continúa en proceso, se establecieron algunas recomendaciones de reformas legislativas que sería conveniente que el Congreso local acate, como suprimir el artículo 179 del Código Penal, el cual establece el delito de acoso sexual y la obligación de acreditar una lesión a la dignidad.

Otras propuestas de reforma son en materia de violencia familiar, privación de la libertad con el propósito de realizar un acto sexual, suprimir el delito de estupro y trasladar esa conducta a violación, así como modificaciones al feminicidio.