Una iniciativa que busca manejar y conservar las pesquerías mexicanas

Milton Gabriel Hernández García Profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia

La “Iniciativa de Impacto Colectivo por la Pesca y Acuacultura Mexicanas” (www.icpmx.org) es un esfuerzo multiactoral para la generación de propuestas y acciones consensuadas entre productores pesqueros y acuícolas, comunidades pesqueras, sector privado, sector público, consumidores, academia y sociedad civil organizada. Busca mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la equidad de la pesca y la acuacultura en el país, a través de la articulación de acciones entre diversos sectores en torno a una visión común. El horizonte que se ha trazado es lograr a mediano y largo plazo que la pesca y la acuacultura mexicanas “sean un ejemplo a seguir en sostenibilidad, salud y productividad de los mares y aguas interiores del país, competitividad de las industrias y organizaciones pesqueras y acuícolas, bienestar social de las comunidades pesqueras y seguridad alimentaria”.

Según Gabriela Anaya, coordinadora del equipo de soporte de la iniciativa, las metas en torno a las cuales se estructuran las propuestas de ICPMX son: 1) fomentar la colaboración multisectorial mediante espacios de diálogo e intercambio propositivo de perspectivas y propuestas de solución; 2) mejorar la gobernanza, políticas públicas y gestión de los recursos pesqueros y acuícolas en México; 3) fomentar la producción y el consumo de productos pesqueros y acuícolas nacionales provenientes de pesquerías ambientalmente sostenibles y socialmente responsables; 4) mejorar la competitividad de los productores y el valor agregado de los productos pesqueros y acuícolas; 5) aumentar el bienestar social de comunidades e individuos que se dedican a la producción y cadenas de comercialización de la pesca y acuacultura y 6) proteger y restaurar los ecosistemas marinos y las poblaciones de especies marinas y dulceacuícolas de interés para la pesca y acuacultura.

La transición política que inició el primero de diciembre de 2018 ha producido un momento de coyuntura favorable para fortalecer las iniciativas de los diferentes sectores involucrados en torno a la pesca y la acuacultura, pero también para recuperar una política de Estado que fue paulatinamente desarticulada en los pasados treinta años. En este contexto, a través de un pronunciamiento público dirigido al gobierno federal, los actores que confluyen en este esfuerzo colectivo han propuesto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca) que, durante los primeros cien días de su gestión se comprometan a incorporar las siguientes prioridades en sus agendas de trabajo:

1.- Actualizar y asegurar el cumplimiento de un marco legal e institucional conducente a la sustentabilidad y a la legalidad de la pesca y la acuacultura, así como al bienestar social de los involucrados en su producción y cadenas de suministro. Esto implica: publicar el reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, emitida en 2007. La ausencia durante más de diez años de un reglamento específico para esta ley “genera vacíos legales que dificultan el manejo efectivo y sustentable de las pesquerías”; actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-049, referente al procedimiento para establecer zonas de refugio para los recursos pesqueros, así como elaborar de manera participativa el Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura, el cual debe reflejar las prioridades de cada sector y “estar en concordancia con los tratados internacionales de los que México es parte”; incorporar y aplicar el “Código de Conducta de Pesca Responsable” y las “Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza” que ha publicado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En el pronunciamiento también se plantea al gobierno federal actualizar y publicar anualmente la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola, las cuales “servirán como base para lograr regular y ordenar el esfuerzo pesquero”. La propuesta llama a favorecer la coordinación interinstitucional con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para tener océanos sanos y productivos.

2.- Elaborar, revisar e implementar ordenamientos y planes de manejo pesqueros y acuícolas de manera participativa y con un enfoque ecosistémico por estado y por recurso. De esta manera se puede favorecer la regularización del esfuerzo pesquero. Esto incluye la legalidad vigente, padrón, especies, artes de pesca y área geográfica para permisos y concesiones. Se propone la actualización de los padrones de pescadores ribereños, el establecimiento de un programa para otorgar exclusividad de derechos de pesca a organizaciones pesqueras locales a través de mecanismos apropiados y participativos, así como garantizar la transparencia de la información en los procesos de solicitud y renovación de permisos y concesiones pesqueras y acuícolas. También se plantea mejorar los procedimientos para integrar la mejor información científica disponible en la toma de decisiones del manejo pesquero, lo que debe incluir la que generan academia, acuacultores, pescadores, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y otros actores.

3.- Aumentar la competitividad pesquera y acuícola a través de su sustentabilidad, legalidad, valor agregado y recuperación de hábitats y poblaciones. Ello implica: a) elaborar de manera participativa un Programa Integral de Inspección y Vigilancia integral con la participación de los productores, los tres órdenes de gobierno y otras dependencias relevantes; b) revisar y simplificar los trámites para realizar la actividad pesquera, tomando en consideración su transparencia, acceso y facilidades de gestión para comunidades aisladas; c) verificar el cumplimiento jurídico en la cadena de comercialización; d) generar incentivos y procedimientos para la vigilancia comunitaria; e) modificar el esquema actual de penas y sanciones, considerando las mejores prácticas internacionales para asegurar que se cumplan con los principios de proporcionalidad y disuasión, como mínimo; f) establecer mecanismos de respuesta rápida a las denuncias de infracciones; g) identificar pesquerías cuya restauración implique un mayor impacto positivo para comunidades rurales y desarrollar mecanismos financieros público-privados para asegurar su recuperación; h) transparentar el destino de los recursos económicos transferibles al sector pesquero (incentivos y subsidios); i) redireccionar los recursos económicos transferibles (incentivos y subsidios) a la pesca, de conformidad con los acuerdos y convenios internacionales y evitando que su implementación contribuya a la sobrecapacidad y sobreexplotación pesquera; j) establecer un plan para apoyar el incremento del valor agregado a los productos pesqueros y acuícolas para alcanzar niveles competitivos con países pares; k) instaurar un área dentro de la Conapesca encargada de la vinculación con proyectos de certificación de sustentabilidad y mejora pesquera y acuícola; l) alinear las prioridades de ordenamiento y planes de manejo con las principales especies demandadas por el mercado nacional e internacional; m) formular una estrategia para fortalecer la coordinación con los gobiernos de los principales países que adquieren productos pesqueros y acuícolas mexicanos, priorizando el intercambio de mejores prácticas y el fortalecimiento de relaciones comerciales que lleven al sector a ser sustentable y estar a la vanguardia mundial, erradicando la pesca ilegal que “merma la competitividad del sector pesquero y dificulta el manejo efectivo de las pesquerías”.

4) Fortalecer los mecanismos de participación en la gestión pesquera en los órdenes federal, estatal y municipal. Garantizar la participación efectiva del sector en Consejos y Comités de consulta para la gestión pesquera, sumando conocimientos de diversos actores para tomar mejores decisiones de manejo, facilitando la inspección y vigilancia. También es necesario garantizar el funcionamiento y la operatividad de los mecanismos de consulta en la gestión pesquera, como el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, los consejos estatales de pesca y acuacultura y los comités de pesca locales. Para ello es necesario garantizar la instalación de los consejos estatales y los comités de pesca locales de conformidad con la ley, así como establecer principios de transparencia y rendición de cuentas en estas instancias. Es fundamental establecer lineamientos claros para que las autoridades federales, estatales y municipales tomen en cuenta las recomendaciones de los mecanismos de participación.

5.- Contribuir al bienestar social y desarrollo integral y equitativo de las comunidades pesqueras, con atención especial a la pesca ribereña. Ello implica asegurar la coordinación intersecretarial para la atención de comunidades pesqueras, pues muchas se encuentran en situación de alta vulnerabilidad. “Romper ciclos de pobreza y generar nuevas oportunidades de desarrollo social y económico, en particular la salud, educación e inclusión digital, con atención especial a la equidad de género”. Transparentar incentivos y subsidios a la pesca y acuacultura, asegurando que se invierten realmente en “beneficio de la competitividad, la sustentabilidad, la prosperidad económica, la recuperación de pesquerías y ecosistemas marinos”. Es necesario asegurar condiciones de trabajo digno y seguridad laboral, mejorar el funcionamiento de las organizaciones pesqueras a través del fortalecimiento de capacidades en temas de gestión y administración, sistema cooperativo, leyes laborales, derechos territoriales y comercialización, entre otros. Mejorar el acceso a fuentes de crédito y financiamiento para incrementar el valor de su producto.

Quienes participan de este importante e inédito esfuerzo colectivo han desarrollado un conjunto de propuestas que deberían reflejarse en el componente pesquero del Plan Nacional de Desarrollo. Estas iniciativas se han elaborado en el contexto del reto que supone construir mecanismos de conciliación y consenso entre los diversos sectores que se reflejan en la pluralidad de voces y perspectivas que coexisten en la pesca y en la acuacultura mexicanas.

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